Editorial EL UNIVERSAL / Un hecho condenable El secuestro de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador a manos de una supuesta disidencia del ex grupo guerrillero de las FARC, que se sometió recientemente a un proceso de paz con el gobierno colombiano, ha merecido el más enérgico rechazo por parte de la sociedad en su conjunto. A esa voz de condena se suma hoy la del Grupo de Diarios América (GDA) que reúne a 11 diarios líderes de América Latina —del cual también hicieron parte nuestros colegas de El Comercio— y que en todo momento han abogado por un ejercicio periodístico exento de presiones y de amenazas contra la libre expresión y la libertad de prensa. El periodista Javier Ortega Reyes, el camarógrafo Paúl Rivas Bravo y el conductor Efraín Segura Abril se encontraban el pasado 26 de marzo en la población de Mataje, provincia de Esmeraldas, zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, desarrollando labores de investigación relacionadas con el deterioro del orden público en la zona cuando fueron abruptamente retenidos por hombres armados. A partir de entonces, su desaparición se convirtió en un tema de relevancia local y regional que no puede pasar inadvertido. Ni los periodistas plagiados ni ninguna otra persona, no importa su condición social, pueden ser objeto de tal vejamen. El periodismo es un ejercicio que aboga por las libertades individuales, el respeto de los derechos humanos, la defensa del bienestar común y la democracia. Su misión histórica ha sido y seguirá siendo la de proveer información veraz y oportuna. Por lo mismo, no se puede servir de él como sujeto de intermediación para la reivindicación de causas de ninguna especie que, de antemano, vienen cobijadas con el manto trágico e inhumano de la privación de la libertad. El GDA exige de los captores, cualquiera que sea su origen, el respeto a la vida e integridad de los periodistas y colaboradores de El Comercio —quienes ya completan 11 días en su poder— al tiempo que reclama de las autoridades respectivas no cesar en el empeño de alcanzar su pronta liberación, sanos y salvos. Tal y como ya lo expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y varias organizaciones de periodistas de ambas naciones, aquí se ha secuestrado a la prensa y se ha negado a la ciudadanía el derecho esencial de estar debidamente informado. Valga la pena este lamentable episodio para recordar que los ataques contra medios y periodistas en América Latina no cesan. Amenazas, asesinatos, intimidaciones e intentos por acallarla de todas las formas posibles siguen siendo la constante en países como México, Venezuela, Colombia, El Salvador, entre otros. Quienes abogan por sociedades libres e incluyentes y se apoyan para ello en una institucionalidad lejos de toda sospecha, han de ver en la prensa, más que un enemigo, un fiscalizador válido de sus acciones y un representante leal de las audiencias a las que se debe. En consecuencia, resulta imperativo que allí donde la amenaza es más que evidente se adopten protocolos de seguridad que eviten que más comunicadores y colaboradores de medios periodísticos se conviertan en las nuevas víctimas de la sinrazón del secuestro.

Llegaron las promesas; ¿cuánto costarían, y quién pagaría? Si bien afirmar que en las campañas y en las cacerías es cuando más y mejor se miente es toda una perogrullada, un viejo y desgastado lugar común, el elector (prácticamente en todos los países donde la democracia está vigente, por imperfecta que ésta fuere), parece haberse cansado ya de tanta mentira, y también del torrente en cada elección, de promesas imposibles de cumplir. Si bien los candidatos mienten y mienten sin freno alguno, y lanzan de manera compulsiva promesas las cuales, tanto ellos como quien los oye —porque nadie los escucha—, saben que una vez pasada la elección ninguno de ellos las recordará, parecen estar dispuestos a escuchar una que otra propuesta o para decirlo de otra manera, parecen querer escuchar una que otra verdad. De ahí pues, que algunos candidatos y sus partidos deban, con los datos e información relevante que pudieren recabar de los electores del país, estado, distrito o municipio, determinar qué porcentaje de mentiras podrían expresar sin ser rechazados por los electores o, a la inversa, qué porcentaje de verdades les estaría permitido expresar sin que los electores se asustaren y dieren su voto al adversario. Al parejo de las promesas, cumplibles o no, hoy otro factor que parece haber empezado a interesar a los electores; es el del monto de tal o cual proyecto o promesa y sobre todo, de dónde saldría el recurso para sufragar, tanto uno como la otra. Sin embargo, por encima de lo burdo de las mentiras y la imposibilidad de concretar tanta promesa lanzada al aire por parte de los candidatos, éstos, lejos de moderarse o al menos, de intentar presentar proyectos y promesas de manera prudente y mesurada, han comenzado sus campañas sirviéndose con el cucharón del pozole, tal y como suele decir Gil Gamés. En esto de las promesas incumplibles y los proyectos faraónicos, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República parecen querer no quedarse atrás o al menos, no dejarse rebasar por los adversarios. A la fecha, de cada promesa lanzada, ninguno se ha atrevido o ha tenido para con el elector la atención elemental, de decirle cuánto costaría lo propuesto o lo prometido y sobre todo, quién lo pagaría. Nadie se toma la molestia de decir el costo estimado y la fuente que lo sufragaría: ¿Más deuda, elevación de tasas impositivas o nuevos impuestos, o recorte del gasto y la cancelación de programas inútiles? ¿En verdad piensan que les van a creer las ocurrencias expresadas? ¿Acaso ignoran que es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, como lo señala la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución? La transcribo para que no haya duda alguna: IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. Entiendo que Anaya, López y Zavala ignoren este hecho, pero ¿cómo es posible que Meade, que ha sido secretario de Hacienda, caiga en la demagogia barata de prometer sin dar el costo aproximado de lo prometido, y sin explicar la fuente de recursos que lo sufragaría? El hecho de que mencione a Meade por esa muestra de demagogia aceda y desgastada no significa, en modo alguno, que los otros tres no hayan caído en lo mismo. Acaso lo visto en estos tres días de campaña, ¿será la tónica de los días restantes? ¿Tan jodidos estamos en materia de candidatos a la Presidencia