A partir de 2013 el tema del crecimiento de la ciudad es considerado, así como desde hace 3 años los “problemas” de movilidad, desde diferentes puntos de vista y esferas de responsabilidad. Estos temas se ha incorporado a la agenda pública. Uno de estos actores, la iniciativa privada, detectó graves “problemas” de movilidad que afectaban su productividad, el aumento en los tiempos de traslado, proyectos como el metrobús, cuya planeación sobre avenida Industrias afectaba el espacio disponible para los desplazamientos de personas y mercancias y, por ende, no representaba beneficio alguno para trabajadores y empleadores.  En el 2017, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí encabezaron esfuerzos para medir y mejorar los tiempos de traslado, el resultado, la estrategia de movilidad inteligente “INtegrate”; ese mismo año, representantes de la cámaras empresariales y comerciales solicitaron al Gobierno del Estado su intervención para resolver los problemas de tránsito e infraestructura; como respuesta, el Gobierno del Estado presentó una cartera de 10 proyectos como estrategia de solución. A partir de entonces, una diversidad de actores han participado con propuestas, las cuales han abarcado un amplio rango: interesantes, ambiciosas, necesarias, visionarias y algunas más un tanto contraproducentes o fuera de los planteamientos modernos de planeación urbana. Todas ellas tienen un elemento en común, no cuenta con un responsable, lo que dificulta su operatividad ¿a quién le corresponde atender el tema de la movilidad en la zona metropolitana? Existen algunos elementos a considerar. Primero, es importante precisar que la movilidad no es un problema, es una actvidad que tienen las personas, sin embargo existen elementos como el crecimiento urbano, la actividad cotidiana o hasta los eventos que hacen que las personas se muevan más; también hay instrumentos como la planeación urbana o el uso de las tecnologías de la información que evitan que las personas se muevan. La falta entonces de articulación entre la planeación, el crecimiento, la infraestructura provocan que las personas aumenten sus tiempos de traslado, lo cual sí se considera un problema. Segundo, atender el tema de la movilidad como actividad es pensar en las personas y sus relaciones, actualmente, entender la movilidad urbana es primero entender cómo la gente no se mueva; por lo tanto, su atención va más allá de modas, mover más gente en menos tiempo, juzgar al coche como el causante de los problemas; evitar que la gente se desplace en vehículo cuando no existe alternativa o limitar su acceso al espacio público es equivalente a no entender la movilidad. Tercero, la movilidiad como responsabilidad de Estado, representa un derecho a desplazarnos libremente con seguridad y sin afectar nuestra productividad y calidad de vida, a través del caminar, la bicicleta, el transporte público o el automovil; es un derecho democrático, y por lo tanto las cuatro formas básicas deben de tener el mismo espacio para circular con las mismas garantías; es decir la movilidad es un derecho en la ciudad para la personas. Cuarto, estudiar el tema de la movildiad es tan complejo, que requiere un enfoque transdisciplinario y en la esfera pública es transversal a todos los sectores como el desarrollo urbano, el transporte, la vivienda, la seguridad, comunicaciones y transportes, el enfoque de género, y el medio ambiente. Quinto, para diseñar políticas públicas en movilidad se requiere de un marco jurídico e institucional que considere los puntos anteriores, una secretaría de estado en movilidad y una ley de movilidad. Dificilmente resolveremos nuestros problemas de traslados con la misma perspectiva, las mismas instituciones y las mismas leyes, sobre todo atacando el efecto y no las causas; a diferencia de otras ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla o Toluca, el responsable de resolver la movilidad en San Luis Potosí, aún no se ha definido.