El pasado viernes, el Congreso del Estado rechazó la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, lo que dejó a San Luis Potosí sin la posibilidad de acceder a figuras como la revocación de mandato para malos gobernantes o el presupuesto participativo, a través del cual, los ciudadanos decidirían en qué destinar al menos el 15 por ciento de los recursos que los gobiernos asignan para obras públicas. Este rechazo para la promulgación de dicha ley genera que San Luis Potosí se convierta en uno de los pocos estados que no cuenta con una legislación de este tipo. Actualmente en San Luis Potosí solo existen tres figuras de participación ciudadana: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana; las dos primeras permiten que los ciudadanos se pronuncian respecto de reformas a las leyes o a obras y acciones efectuadas por los gobiernos, sin embargo, ninguna de ellas se aplica actualmente en la entidad. NO SABEN NI POR QUÉ LA RECHAZARON Uno de los diputados que votó en contra de la creación de esta ley en San Luis Potosí fue Óscar Carlos Vera Fábregat, quien en entrevista telefónica no pudo dar argumentos concretos sobre el por qué rechazó esta legislación y se limitó a señalar que es una ley “mal redactada, incompleta e inducida”, ya que señaló que buscaba empoderar solo a ciertos grupos de la sociedad civil y no a la ciudadanía en general, sin embargo, al cuestionarle el por qué hacía dicha afirmación, dijo no tener los datos a la mano. El diputado solo argumentó que cuestiones como la seguridad pública no se pueden dejar en manos de los ciudadanos, al aprobar leyes de este tipo, por lo que dijo que propondrá una nueva ley sobre este mismo tema, pero con 17 modificaciones que propondrá a la ley que fue presentada la semana pasada en el pleno del Congreso del Estado. REVOCACIÓN NO HABRÍA AFECTADO A CARRERAS El consejero electoral Martín Faz Mora, quien es uno de los impulsores de esta Ley de Participación Ciudadana, consideró que el rechazo de las iniciativas se puede interpretar como que los diputados no acaban de entender que la ciudadanía está exigiendo participar de la toma de decisiones, ya que dijo que la legislación ni siquiera era una ley de avanzada que pudiera causar controversias en el ámbito político. El experto mencionó que por ejemplo, en lo que respecta a la revocación de mandato, el actual Gobernador, Juan Manuel Carreras López, muy probablemente no se habría visto sujeto a dicha figura, toda vez que ya va a la mitad de su sexenio y ya es tarde para implementar una consulta respecto de si el Gobernador debe seguir en su cargo, aunado a que se habrían requerido medio millón de firmas para remover al mandatario estatal, lo cual suena difícil de conseguir. La ley estipulaba que para que un Gobernador o un Diputado plurinominal se sometieran al mecanismo de revocación de mandato, requerían de una solicitud firmada por ciudadanos que representaran al menos el 51 por ciento de la votación válida emitida en la última elección a nivel estatal y una dispersión en al menos las dos terceras partes de los municipios del estado; mientras que los Presidentes Municipales y Diputados de Mayoría Relativa requerían firmas del 51 por ciento de la votación válida emitida en sus respectivos municipios o distritos.  Estos candados, según Faz Mora, hacían muy difícil que se le revocara el mandato a un funcionario de elección popular, por lo cual dijo que no se explica el por qué los diputados rechazaron la propuesta, sin embargo, dijo que trabajarán en una legislación mejorada, cuya iniciativa será presentada en la próxima legislatura y se tienen las expectativas de que ahora sí salga adelante, dado que el Congreso del Estado estará conformado de forma muy distinta a como actualmente se encuentra. ERROR MEZCLAR TRES INICIATIVAS El dictamen votado el pasado viernes incluía 3 iniciativas distintas de la Ley de Participación Ciudadana, algunas elaboradas por ciudadanas y otras presentadas por los propios diputados. Todas estas propuestas fueron turnadas a comisiones en junio de 2016, es decir que los diputados se tardaron más de 2 años en el análisis de estas iniciativas. El abogado Jorge Chessal Palau consideró que fue un error el haber mezclado las tres iniciativas, dado que si se hubieran abordado de forma independiente se hubiera podido rescatar algunas cosas de cada una; además consideró que fue un retroceso el que en la legislación se haya incluido el mecanismo de “iniciativa ciudadana”, dado que dicha figura ya está aprobada en San Luis Potosí y permite que de forma individual los ciudadanos participen con iniciativas en el Congreso. La legislación rechazada habría permitido, entre otras cosas, consultar a vecinos de colonias para la aprobación de cambios de uso de suelo para la instalación de gasolineras, gaseras, bares, restaurantes-bar, casinos, centros nocturnos y salones y jardines de fiesta; permitir que los ciudadanos eligieran a qué obras destinar el 15 por ciento del recurso anual para inversión pública de los gobiernos; quitarle el cargo al gobernador, diputados y presidentes municipales y crear una Asamblea Ciudadana Vecinal para exponerle a las autoridades municipales los problemas que viven las colonias y proponer soluciones. ¿QUIÉNES VOTARON EN CONTRA? Las iniciativas fueron aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la comisión especial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, sin embargo, al ser subida al pleno obtuvo 12 votos en contra y solo 11 a favor, siendo los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) los que aportaron mayor número de votos en contra, con un total de 6 votos en contra, aunque también hubo legisladores de otras fuerzas políticas que rechazaron la legislación. Los que votaron en contra de la Ley de Participación Ciudadana fueron: Fernando Chávez Méndez (PRI), Gerardo Limón Montelongo (PRI), Martha Orta Rodríguez (PRI), José Luis Romero Calzada (PRI), Roberto Alejandro Segovia Hernández (PRI), María Rebeca Terán Guevara (PRI), Sergio Enrique Desfassiux Cabello (PRD), Jorge Luis Díaz Salinas (PAN), José Ricardo García Melo (Panal), Guillermina Morquecho Pazzí (Panal), Eduardo Guillén Martell (PVEM) y Óscar Carlos Vera Fábregat (PCP). DIPUTADOS QUE RECHAZARON LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Fernando Chávez Méndez (PRI)

2. Sergio Desfassiux Cabello (PRD)

3. Jorge Luis Díaz Salinas (PAN)

4. José Ricardo García Melo (Panal)

5. Eduardo Guillén Martell (PVEM)

6. Gerardo Limón Montelongo (PRI)

7. Guillermina Morquecho Pazzi (Panal)

8. Martha Orta Rodríguez (PRI)

9. José Luis Romero Calzada (PRI)

10. Roberto Alejandro Segovia Hernández (PRI)

11. María Rebeca Terán Guevara (PRI)

12. Óscar Carlos Vera Fábregat (PCP)