Jorge Chessal Palau, experto en temas jurídicos, opinó que el caso de corrupción que hubo en el proceso de licitación de la obra de la avenida Fray Diego de la Magdalena es el caso emblemático para exigir responsabilidades tanto de los exfuncionarios públicos involucrados, así como de también los particulares beneficiados. 

“Me parece que es un caso emblemático para la exigencia de responsabilidades, es un caso que pondría a prueba la eficacia de la Fiscalía Anticorrupción, y me parece que tendríamos que estar viendo a la administración municipal impulsando una carpeta de investigación junto a la FGE con éste caso ante los tribunales”. 

Sostuvo que ha quedado claro que éste caso de corrupción tuvo problemas de fondo desde el origen como se realizaron con muchos otros en la pasada administración. Licitaciones que no cumplían con los requerimientos ilegales y que no tomaron en cuenta el impacto que se causaba en la calidad de vida de los ciudadanos al momento de su construcción, dijo. 

Agrego que la ilegalidad de la autorización de la obra estuvo más que probada y ahora muy probablemente haya varios puntos de ilegalidades como la entrega con anticipación que hizo la anterior administración municipal a la empresa constructora y que aún no ha devuelto el dinero, por otra parte  ante la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se tienen que revisar quiénes serían los responsables administrativamente desde el lado del ayuntamiento capitalino pero también enfatizó que los particulares beneficiados con la licitación podrían enfrentar una responsabilidad ante las investigaciones que emitan la Auditoría Superior del Estado o las instancias de contraloría municipal. 

“Tendría que haber una responsabilidad administrativa, por la Ley de Responsabilidades Administrativas, porque se involucran responsabilidades de particulares y eso permite que se les pueda imponer sanciones administrativas vía estos procedimientos disciplinarios a través de la ASE como las instancias de contraloría. El hecho es que en éste caso, que una empresa constructora reciba un anticipo de esa naturaleza y viendo las condiciones de la licitación, pudiera motivar una investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia para determinar si hubo un caso de una práctica monopólica para estos sectores del mercado”.