En la primera etapa del programa “La Escuela es Nuestra”, que hace algunos días arrancó de manera oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador, beneficiará a un total de 1 mil 210 escuelas de educación básica en San Luis Potosí, que podrán ejercer entre 150 mil y 500 mil pesos para obras de mantenimiento y ampliación, que serán determinadas por Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), según informó la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE). Los CEAP son integrados por padres de familia, maestros y alumnos, quienes definen las acciones de mejoramiento de cada plantel y reciben directamente los recursos del gobierno federal, a través de una cuenta bancaria que es administrada por el tesorero y un cotitular; a cada plantel se le asignan entre 150 mil y 500 mil pesos, dependiendo de la matrícula de alumnos que tenga. Las obras que pueden realizarse con estos recursos son mayores, como es la construcción y reconstrucción de aulas y espacios educativos, construcción de dormitorios para profesores del Conafe, construcción de instalaciones deportivas o sanitarios y obras de protección, como bardas o cercos perimetrales.  Para ejecutar estas obras se requiere el aval de un ingeniero experto, que puede obtenerse del departamento de Obras Públicas de cada Ayuntamiento y que será quien diga si la obra es factible técnicamente. Una vez que se cuenta con esta factibilidad, los padres de familia y alumnos deciden qué empresa o trabajador realizará el proyecto. Las acciones menores consisten en: mantenimiento general, pintura, impermeabilización, rehabilitación de red eléctrica o red hidráulica, sistemas de agua potable, compra de material didáctico, desarrollo de viveros, reforestación, mobiliario y equipo, gastos de oficina e internet. Estas compras se pueden hacer de forma libre y la asignación es directa, según acuerden los miembros del CEAP. El experto en educación Manuel Gil Antón dijo que constituye un riesgo el hecho de que los padres de familia sean quienes se encarguen de obras mayores, como es la construcción de aulas o espacios para las escuelas, dado que podría haber tragedias como la del Colegio Rébsamen, en la Ciudad de México, en donde murieron alumnos, tras el derrumbe ocasionados por un sismo. Gil Antón señaló que es necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con otras dependencias, emita una norma oficial mexicana, en la que quede estipulado qué lineamientos se deben seguir en la construcción de estos espacios educativos, considerando normas antisísmicas, contra inundaciones u otros fenómenos naturales; además de que la propia autoridad educativa debería ser quien supervise los trabajos. En el caso de las obras menores, dijo estar de acuerdo en que sean estos comités de padres de familia y alumnos los que ejecuten directamente los recursos, ya que incluso ayudará a que se requieran cuotas voluntarias de padres de familia para hacer equipamiento de escuelas, obras de pintura u otras. Algunos de los municipios en donde se encuentran la mayor parte de las escuelas beneficiarias de este programa son: Aquismón (153), Tamazunchale (190) y Xilitla (92). En la capital potosina solo se están considerando dos instituciones, que son el preescolar Pozo Cuatro Blanco de Bocas y el curso comunitario San Sebastián y en Soledad de Graciano Sánchez no se está considerando ninguna institución.