Ante los hechos ocurridos la semana pasada al interior de una escuela primaria en Torreón, Coahuila, las instituciones de educación mostraron nuevamente su cultura reactiva ante los desafíos que enfrentan. Sin la mínima intención de minimizar el hecho, trágico sin duda, estamos nuevamente en la antesala de aplicar programas paliativos y que poco abonan a trabajar el fenómeno de la violencia que en utilizar información y los medios a nuestro alcance para generar estrategias de mayor calado. En nuestro Estado, el seguir la instrucción desde el gobierno federal no ha sido novedad: implementar el programa “Mochila Segura”. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia en aula y a datos que se observan en distintos informes e investigaciones, ha resultado poco efectivo. No es posible que en este panorama de violencia que ya somos parte de su normalización, la primera acción – sin justificación – sea la de criminalizar a los niños y jóvenes. Es decir, para prevenir actos como el ocurrido, debemos desconfiar de todo y de todos. Y peor aún, este mensaje lo envía una institución como lo es la escuela. Si hablamos de pérdida de credibilidad en las organizaciones, deberíamos preguntarnos como hemos contribuido a que la escuela sea un espacio indigno de nuestra confianza. La respuesta ya la dieron las autoridades escolares. El solo pensar que la convivencia “pacífica” del colectivo está por encima de las libertades individuales hace resquebrajar todo el sistema en el que se sustentan ciertas normas de interacción social y que nos permiten transitar hacia el grupo. Es como decir que nuestra tranquilidad esta sujeta a la posibilidad de ser interpelados en cualquier momento y sin justificación alguna. Lo cual es la peor educación de ciudadanía que pudiéramos ofertar. A lo anterior le sumamos que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones se lavan las manos al señalar que serán las familias quienes hagan este “operativo” con la coordinación de los directores escolares. Así que, en caso de ocurrir una tragedia, el foco se centrará en las familias o en el personal de la escuela. ¿Les suena? Me parece que es tiempo de que dejemos a un lado explicaciones fáciles y maliciosas como los videojuegos que solo ocultan la falta de competencia en los servidores públicos y comenzar a sentarnos para diseñar y coordinar una estrategia más amplia que tenga como objetivo recuperar el espacio de la escuela como un lugar donde la prevención y el cuidado propio es un insumo fundamental para la convivencia del grupo y que esto abone a una cultura de seguridad en el tiempo. Dicho de otro modo, tener la visión de que la escuela pueda influir positivamente en la sociedad y no su reflejo. Por ello, creo que un primer cambio de paradigma es que los municipios tengan un mayor peso de decisión sobre los procesos de formación e interacción que ocurren en las escuelas. Al tener un Consejo de Participación Social en Educación se podrían consolidar estrategias focalizadas de prevención a la violencia ya que la realidad de su contexto es algo inherente al mismo. Esto nos llevaría a pensar de manera local sobre las estrategias que tendrían que implementarse para que diversas aristas en el tema se involucren y tengan voz al interior de cada escuela, por ejemplo, a través de sus Consejos Escolares de Participación Social. No se trata de mandatar una indicación desde el centro y que solo se utilice a las familias para su operación, sino que debemos buscar que la participación de los padres y madres de familia sea en un espacio pertinente, con conocimiento y que su apoyo trascienda la escuela, creando consciencia sobre la responsabilidad parental en un tema tan delicado como la seguridad de sus hijos. En un país donde la UNICEF estima que el 62% de los niños ha padecido algún tipo de violencia tan solo el año pasado, es primordial que las familias asuman un compromiso de cercanía con sus hijos para escucharlos y observar sus conductas. En este sentido cobra relevancia el papel de los profesores, pero la realidad es que no podemos seguir delegando toda la carga del compromiso en su voluntad. Para ello, las autoridades deberían estar buscando convenios con instituciones que permitan la construcción de una red de apoyo diversa y eficiente. Uno podría ser apoyar su formación. El que los maestros tengan conocimientos mínimos para la identificación de conductas de riesgo que pudieran derivar en acontecimientos violentos como aquellos alumnos con una agresividad extrema ante cualquier situación o con una actitud de indiferencia hacia el maltrato de cualquier ser vivo, nos pudiera dar un primer nivel de alerta. Pero esto tienen que ver con la formación continua e inicial de los profesores, con la comunicación y su desarrollo emocional intrapersonal. Otro podría relacionarse con el acompañamiento de profesionales en un área específica en la escuela. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 242 de San Luis Potosí, cuenta con casi tres generaciones de Licenciados en Psicología Educativa. Lo cual abre una posibilidad de implementar programas integrales en escuelas de distintos niveles con un enfoque local donde interactúen con los estudiantes, apoyen a los profesores y atiendan a las familias in situ. Como observamos, imaginar estrategias no es complicado, sin no en la voluntad de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones para acercar los insumos necesarios a las escuelas. No basta con mandatar desde el centro un programa como “Mochila Segura” para resolver situaciones de violencia como la ocurrida en Torreón. Hoy, más que ayer, debemos buscar que la escuela sea un espacio que respeta la individualidad en un marco de legalidad para lograr una convivencia con principios de prevención y respeto a la vida y a la libertad de todos y en esa búsqueda la escuela es un instrumento valioso. Hagámoslo posible. - - - - -

* Normalista. Consultor.

Director de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel

Facebook: Fhercho Cruz Sembrando Horizontes A.C. (2018)

Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.

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