Para el experto en temas de seguridad, Francisco Salazar Soni, la llegada de la Guardia Nacional a diferentes estados del país no debe ser vista como un remplazo de las funciones y facultades con las que cuentan los gobiernos de las diferentes entidades federativas, pues recordó que es un trabajo de coordinación y colaboración entre GN y Estado, pero sin olvidar que la seguridad pública es una obligación ineludible de los gobiernos locales.  Aseveró que en realidad lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional es un discurso con tintes políticos que ha sesgado la colaboración entre fuerzas municipales, estatales y Guardia Nacional, no obstante apuntó que este cuerpo de seguridad nacional tiene la función de combatir delitos federales y colaborar con estados y municipios. Recordó que la ley faculta a la Guardia Nacional para actuar como primer respondiente en casos de delitos, cuando así se requiera, pero recordó que la seguridad es sobre todo una responsabilidad estatal y municipal.   Agregó que la legislación permite también la suscripción de convenios con la Guardia Nacional cuando los estados y municipios no quieran o no puedan hacerse cargo de sus competencias constitucionales de seguridad. En esta situación, el mando de la guardia es el que se hace cargo de la coordinación de las diferentes policías. Pero hasta el momento ningún estado ha firmado convenios de esta naturaleza.  Salazar Soni advierte que San Luis Potosí no requiere, dadas sus condiciones de infraestructura y cuerpos de seguridad, firmar dicho convenio y agrega que se tiene que reconocer que se necesita de una verdadera justicia cívica y que ahora desde los gobiernos locales y congreso legislativo se debe entender esta nueva manera de ejercer la estrategia de seguridad nacional. “La Guardia Nacional no puede tomar las responsabilidades que le corresponden al Ejecutivo del Estado y eso es tanto para las instituciones de seguridad pública estatales como municipales”.