En estos días se cumplen once años de la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y de acuerdo a cifras de Católicas por el Derecho a Decidir, hasta el momento más de 193 mil mujeres han ejercido con libertad e información, el derecho a elegir sobre su cuerpo sin riesgo a ser criminalizadas.  Pero pareciera ser que no hemos avanzado mucho en materia y aún no se ha entendido que este es un tema de salud pública y no de moral y creencias personales. Miren, porque el tema no es menor. Hace apenas unos días en San Luis Potosí nos encontramos con la noticia de que una mujer de 19 años había sido detenida por practicarse un aborto. La clínica a la que ella acudió ante el sangrado refiere que “confesó haberse provocado el aborto” y por lo cual, el hospital dio parte a las autoridades para que la detuvieran por dicho delito. Lo sorprendente aquí, es la celeridad con que tanto el hospital y las autoridades actuaron en función de criminalizar a esta mujer. Porque no nos tenemos que ir tan lejos, en el tema de la aplicación correcta de la NOM 046 aún no se han logrado los estándares necesarios previstos en ordenamientos internacionales y tan es así que es una de las recomendaciones hechas al estado en el proceso de implementación de la Alerta de Violencia de Género. No olvidemos ni un momento el caso 2009, donde una joven de 22 años fue acusada de abortar intencionalmente y condenada en 2012 a un año de prisión por un juez local, en el municipio de Tamazunchale, cuando sufrió la interrupción del embarazo de forma accidental y al acudir al hospital pidiendo auxilio por la hemorragia presentada, una doctora la forzó a declarar que había tomado una pastilla abortiva, condicionando la atención y denunciando a Hilda. GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) asumió la defensa legal de Hilda interponiendo una apelación argumentando que en el expediente no existían pruebas de que la joven haya sufrido un aborto provocado tal cual como lo denunció el personal médico que la atendió y quien mediante coacción e intimidaciones, la orilló a declarar en esos términos sin contar con un abogado. En ese tiempo, desde la tribuna el entonces Diputado Filemón Hilario exhortó mediante un punto de acuerdo al entonces gobierno del Doctor Toranzo, que se terminaran estas prácticas médicas que rayan casi en una tortura. Finalmente en Agosto del 2013, el entonces Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, dio a conocer la sentencia absolutoria liberándola de toda imputación que se le hizo considerando que no se aportaron pruebas suficientes para condenarla. Siendo honesta, no me extrañaría que en este caso reciente, nos encontremos una vez más con prácticas violatorias de los derechos delas mujeres y por lo anterior, desde diferentes voces feministas, hemos ofrecido asumir el acompañamiento y defensa de esta joven detenida el reciente fin de semana. En lo personal, cuando hablamos del tema del aborto considero fundamental analizarlo y discutirlo bajo la perspectiva jurídica y de un problema de salud pública, pero también es necesario visibilizar que es un tema de justicia social. Las mujeres que pueden pagar un viaje a la ciudad de México para practicarse un aborto bajo la protección de la ley no serán víctimas de un sistema jurídico patriarcal que nos criminaliza al contrario con la gran mayoría de las mujeres que no pueden hacerlo de esa manera y son precisamente, las que han sido detenidas y juzgadas. Aprovecho también este espacio para reconocer y agradecer a todas las compañeras feministas en San Luis quienes dan asesoría jurídica, información y acompañamiento a las mujeres que quieran realizarse un aborto. Si saben de alguien que se encuentre en esta situación, pida información. No estamos solas. Otro punto que tenemos que revisar de manera puntual, es que como estas legislaciones establecen una diferencia entre las mujeres que viven en Ciudad de México y las que no al momento de acceder a servicios de salud que garanticen un aborto seguro en los demás estados del país. Estamos convencidas que no se debe seguir juzgando a las mujeres por el derecho a elegir su propia vida y exigiremos que los gobiernos de todo el país se conduzcan en el marco la ley, el respeto al Estado Laico y la progresividad de la garantía de los derechos humanos de las mujeres.