Al cierre de 2025, el sistema de salud pública en San Luis Potosí enfrenta una de sus transformaciones más profundas de los últimos años, marcada por la consolidación del modelo IMSS-Bienestar y la pérdida de control operativo por parte del gobierno estatal. La secretaria de Salud, Leticia Gómez Ordaz, reconoció que la administración local ya no decide sobre la compra, manejo ni distribución de medicamentos e insumos médicos, funciones que ahora dependen completamente del IMSS-Bienestar. Esto incluye el almacén central de medicamentos, integrado al esquema de compras consolidadas federales, lo que ha dejado a la entidad sujeta a la logística nacional en un contexto donde el desabasto sigue siendo un problema recurrente. En la práctica, la Secretaría de Salud estatal ha quedado acotada a labores de prevención, promoción de la salud y activación física, sin margen de intervención directa en el equipamiento hospitalario, el abasto de fármacos ni la contratación de personal médico, áreas clave que ahora se definen desde instancias federales, principalmente en la Ciudad de México. La centralización también impacta la infraestructura hospitalaria. Proyectos como el hospital de Rioverde y el nuevo hospital anunciado para Ciudad Valles dependen totalmente de la agenda, tiempos y presupuesto del IMSS-Bienestar. De acuerdo con la propia funcionaria, la federación actúa como “dueña” de los hospitales, lo que limita la capacidad de gestión del estado para responder a necesidades locales urgentes. Un ejemplo de esta dependencia es el Hospital Central, que busca reactivar su programa de trasplantes, suspendido durante la transición al nuevo modelo. Aunque ya cuenta con permisos estatales, el reinicio de estas cirugías sigue sujeto a la autorización federal y a la disponibilidad de donadores, lo que podría postergar su reactivación hasta 2026. Los programas sociales de salud tampoco han quedado al margen del nuevo esquema. Acciones como las cirugías reconstructivas para niñas y niños con labio y paladar hendido ahora dependen de convenios con el IMSS-Bienestar, que controla quirófanos, personal y recursos, reduciendo la capacidad de decisión local.

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