Durante las últimas dos décadas en San Luis Potosí, una mujer ha sido agredida sexualmente cada 24 horas. Es un dato lapidario que apunta al fracaso de las instituciones públicas en materia de seguridad pública y que revela, además, el nulo respeto a las mujeres en una sociedad de valores erosionados en un marco de explosiva violencia. Hace unos días, nos estremecimos con el caso de la brutal agresión sexual de Berenice, una joven madre de 25 años de edad atacada fieramente en la avenida Ricardo Gallardo Cardona del Soledad de Graciano Sánchez. La privaron ilegalmente de la libertad, la golpearon, la insultaron, la amenazaron y luego la agraviaron sexualmente para luego herirla con arma blanca en diversas partes de su cuerpo indefenso y vulnerado. Un torvo sujeto de nombre Elías, presunto agresor de Berenice fue detenido por la Policía Ministerial y la Procuraduría General de Justicia recibió la denuncia de otra víctima del mismo violador. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el período 1997 a 2017, dicen que el Ministerio Público recibió hasta julio pasado, un total de 6 mil 957 denuncias por abuso sexual. El dato es una afrenta contra las mujeres y es además una cifra que estremece y ofende. No es posible que se tolere tal nivel de agresiones contra la mujer y que las instituciones públicas y la sociedad, no hagan lo suficiente para poner freno al abuso. El problema es más grave de lo que se pudiera pensar. Una vez que fue detenido el presunto agresor de Berenice, una víctima salió de la oscuridad y reconoció al presunto violador como su agresor. Es decir, que si por cada una de las 6 mil 957 mujeres que denunciaron abuso sexual ante las autoridades en los últimos 20 años, el presunto violador antes ya había violado a otra mujer, entonces tendríamos al menos 13 mil 914 mujeres violadas en dos décadas. Sin embargo, el dato puede ser mucho más terrible pues se estima que por cada violación sexual denunciada ante las autoridades, al menos cuatro no son denunciados por diversas razones, principalmente por desconfianza en las autoridades o porque la propia víctima decide mantener el silencio. Pero lo peor de todo, es que aun cuando los casos se denuncien y la víctima viva una y otra vez el mismo infierno de su agresión, la impunidad es la que se levanta por encima de todo.  De acuerdo con información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dependiente de la Secretaría de Gobernación, “a partir de los datos proporcionados por quince estados que proporcionaron datos, es que entre 2010 y 2015 se iniciaron 83 mil 463 averiguaciones previas por delitos sexuales, de las cuales 29 mil 349 fueron consignadas. Esto significa que apenas el 35 por ciento de los casos llegó a manos de un juez”. Es notoriamente vergonzoso: el Estado Mexicano no solo ha sido capaz de proteger la integridad física de las mujeres sino que incluso, cuando ellas exigen justicia, ésta no actúa y los violadores no son detenidos, procesados y encarcelados. Solo 3.5 de cada 10 casos denunciados llega ante un juez. Los casos de 6.5 de cada 10 mujeres violadas no superan el valladar de las agencias del Ministerio Público. Se trata de un problema mayor que no ha sido atendido con eficiencia ni responsabilidad durante muchos años. Los distintos niveles de gobierno y el Poder Judicial no han tenido respuesta  a la urgencia de desalentar un delito que va al alza. En los primeros siete meses, ya ha habido más agresiones sexuales que en todo el 2015 cuando se denunciaron 215. Ya arrancó el proceso electoral 2018 y habrá candidatos a cargos de elección popular hasta por debajo de las piedras, será el mundo de  la demagogia y la simulación, ofrecerán “propuestas” para resolver los problemas de los ciudadanos, pero eso solo será un engaño más y cuando lleguen a sus cargos las cosas van a seguir igual. El caso de Berenice es ejemplar porque refleja un problema que las estadísticas de 20 años nos dicen que nadie ha hecho su trabajo.