La coordinación nacional de los Foros Escucha por la Pacificación y Reconciliación reconoció que el ejercicio que duró dos meses y medio tuvo limitaciones, como lo señalaron organizaciones civiles y especialistas. En el documento de aportaciones de los Foros Escucha se indica que entre dichas limitaciones se encuentra la falta de comunicación con la sociedad y las víctimas. "(Esto) provocó entendimientos encontrados sobre el proceso y sus posibilidades", dice el documento entregado el miércoles pasado al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. "El proceso adoleció de sus limitaciones", agrega. El reporte también hace referencia a la "supresión" de los últimos cuatro foros regionales en Veracruz, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, y la imposibilidad temporal de realizar una consulta específica con pueblos indígenas. La decisión de cancelar los foros, argumentaron los coordinadores, fue para avanzar con la organización de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y continuar con el diseño de diversas iniciativas de ley en la materia. Asimismo, la difusión de las "partes mediáticas" de los foros no fue la adecuada frente a la invisibilidad de las mesas temáticas en las que, subraya, miles de personas aportaron propuestas con perseverancia. Otra de las limitaciones, expone el documento, fue la falsa impresión que se generó sobre que los foros fueron organizados para legitimar posiciones ya tomadas por el próximo Gobierno. "Las aportaciones de los Foros Escucha fueron para construir la agenda de políticas de Estado para la construcción de la paz entre todos", resalta. Agrega que durante los foros se constató que la población tiene una urgente necesidad de expresarse y demanda ser escuchada de manera empática y cercana por las autoridades. "(La ciudadanía) exige que haya acciones que respondan a su verdadera problemática y percepción de la situación y no a lo que se imagina alguien desde lejos", indica. Organizaciones como Causa en Común y el Observatorio Nacional Ciudadano cuestionaron la utilidad de los foros para construir la política de seguridad del nuevo Gobierno federal. Señalaron que si bien fue importante escuchar a víctimas y expertos, la metodología no fue clara para sistematizar las distintas propuestas y garantizar que éstas sirvan de verdaderos insumos. Por su parte, Loretta Ortiz, coordinadora nacional del proceso de reconciliación del futuro Gobierno, prometió, al concluir los foros, que toda la información reunida sería sistematizada para diseñar no sólo políticas públicas en materia de seguridad, sino también sobre derechos humanos, atención a las víctimas del delito y justicia transicional. Fijan acciones prioritarias para seguridad Un sistema de desmovilización de jóvenes involucrados en el crimen, mecanismos de escucha a víctimas y un consejo para la paz son algunas de las prioridades para el proceso de pacificación que recogió el equipo de Andrés Manuel López Obrador en los foros. El documento oficial de las aportaciones de los encuentros aclara que si bien se trata de propuestas recogidas durante el ejercicio, éstas son vistas como un primer conjunto de acciones sobre las cuales se debe trabajar prioritariamente. Entre los principales planteamientos están la apertura de juzgados especializados con base en los principios de justicia transicional y justicia restaurativa. También propone la conformación de un sistema de acompañamiento a familiares de personas privadas de su libertad y atender la vulnerabilidad en las cárceles. En materia migratoria identifica la generación de políticas efectivas de atención a personas deportadas y desplazadas, a partir de una reforma a la Ley de Migración y a la promoción de un convenio de movilidad entre México y Centroamérica. "Es urgente la creación de un sistema de protección a la integridad física, patrimonial y sicosocial para las personas que salen de su lugar de origen por amenazas, hostigamiento o intento de homicidio por parte de grupos criminales y fortalecer a los centros de acogida", explica el documento. Otras propuestas consideradas son la instrumentación inmediata en todo el País de mecanismos de acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas del delito. Como lo anticipó el próximo Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, también está la definición de "territorios de paz" a fin de dar respuestas urgentes e integrales en zonas violentas de estados como Guerrero y Oaxaca. Los participantes de los foros también advirtieron necesarias una nueva política de drogas, una nueva estrategia normativa en materia de armas de fuego, así como el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policías. -- Reforma