A pesar de ser mexicana, una mujer detenida por la Policía de Tijuana fue entregada, sin un proceso de extradición, a las autoridades de Estados Unidos que la buscaban por tráfico de migrantes, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En su recomendación 68/2017, el organismo detalla que la mujer fue aprehendida en el libramiento Salvador Rosas Magallón de aquella ciudad de Baja California el 15 de noviembre de 2016 por dos policías, a quienes le mostró su identificación del Instituto Nacional Electoral y les dijo que también tenía la ciudadanía estadounidense. Al verificar su identidad, los agentes encontraron que tenía una orden de aprehensión emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP-US), por lo que fue presentada como extranjera ante un juez municipal, quien no la entrevistó. Durante su detención, las autoridades permitieron que se le tomaran fotografías y proporcionaron detalles de su captura, por lo que trascendió que se llamaba América Aguilar Mendoza, entonces de 37 años y era acusada de ser la operadora financiera de una red de tráfico de migrantes a Estados Unidos. En su investigación, la CNDH encontró que al día siguiente de su captura quedó a disposición de la delegación federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California como extranjera. Ahí, según el organismo, le hicieron firmar documentos sin leerlos, donde se asentó que era ciudadana estadounidense, que había sido detenida por causar molestias en la vía pública y que deseaba regresar a su país "lo más pronto posible". Ese mismo día se determinó deportarla, por lo que personal del INM la trasladó a la garita internacional Tijuana-San Diego, donde fue entregada a autoridades de la CBP-US. "Al investigar la queja y tras analizar la documentación del caso, la Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la nacionalidad, a la libertad y seguridad personal, a la seguridad jurídica, así como a la privacidad y protección de datos personales", indicó la CNDH. "Si bien los ordenamientos legales otorgan facultades a las corporaciones policiales para detener a una persona cuando incurra en algún supuesto jurídico previsto en la ley penal, dicha detención debe ajustarse al marco legal para evitar que se vulneren los derechos humanos de las personas". Por ello, la CNDH le pidió al Comisionado Nacional de Migración, Ardelio Vargas, y al Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, reparar el daño ocasionado a la agraviada en los términos de la Ley General de Víctimas. Además pidió capacitar al personal del INM y de la Policía municipal sobre derechos humanos, con énfasis en la libertad y seguridad personales, seguridad jurídica, privacidad y protección de datos personales. La mujer enfrentó un proceso penal en la Corte del Condado de San Diego, California, en el que fue condenada por el delito de conspiración para ingresar ilegalmente extranjeros a EU. Permaneció 60 días en el "Metropolitan Correctional Center" de aquella ciudad y actualmente se encuentra en libertad bajo caución por dos años. -- Reforma