Especialistas documentaron que pese a la promesa de la reforma educativa de terminar con irregularidades en la nómina magisterial, hay al menos 100 mil maestros que reciben salarios, pero no asisten a aulas. También reportaron denuncias por irregularidades que superan los 6 mil millones de pesos. Esta mañana fue presentado el estudio "La impunidad en la nómina magisterial. Uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)", realizado por investigadores de México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Marco Fernández, investigador de ambos, y coordinador de la investigación, refirió que si bien hubo algunos avances con la conversión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) al FONE tras la aplicación de la reforma educativa que entró en vigor en el sexenio anterior, persistieron irregularidades. La corrupción, dijo, "disminuyó, pero persistió con la centralización de la nómina". Explicó que el estudio recopila tres años y medio de investigación y más de 150 solicitudes de acceso a la información. Resaltó que el pago de los comisionados sindicales sigue siendo excesivo. "Se tiene que poner énfasis cuando hay problemas de irregularidades, y sobre todo de una impunidad escandalosa que la cobija en el caso de los famosos pagos a comisionados", expuso. Al analizar las bases de datos del FONE, apuntó Fernández, entre 2015 y a finales de 2018, hubo un pago de mil 66 millones de pesos a más de 9 mil comisionados sindicales en las que destacan Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila. Además se halló que los Gobiernos estatales, sobre los que dijo, recae todavía el 30 por ciento la nómina magisterial, cometieron varias irregularidades. Entre éstos, mentir sobre el número de alumnos para conseguir más recursos y seguir con concesiones y otorgar plazas ilegales a sindicatos. Informó que cuando la Federación empezó a detener pagos a comisionados, las entidades los transfirieron a puestos administrativos para que éstos siguieran cobrando. Se encontró que entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, mil 833 personas fueron transferidas a esta categoría. "Esto, insisto pues, refleja un ingenio de la transa", comentó. En estas prácticas, indicó, incurrieron Aguascalientes, Colima, Durango, Tlaxcala e Hidalgo. Refirió que cuando la Auditoría Superior de la Federación acudió a los centros escolares a hacer paso de lista para comprobar que personal a cargo de la nómina está laborando, encontró que 100 mil personas no estaban asistiendo a trabajar. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, acotó, en Oaxaca en esta condición hay 6 mil 500 personas. Además de que en 17 entidades federativas, agregó, a cargo del FONE se pagó a Secretarios de Educación; y se encontró que 360 millones de pesos de este fondo fueron destinados para el pago de secretarias y 32 millones para financiar a choferes de altos mandos en sistemas operativos de los estados. El especialista indicó que de 2008 a 2019 fueron presentadas 125 denuncias irregularidades en el uso de recursos educativos por acusaciones que superan los 6 mil millones de pesos. De éstas, 123 se encuentran en proceso de integración, una fue desechada y la otra cuenta con un amparo. En 2015, dijo, respecto a la cuenta pública sólo se recuperaron 6.7 por ciento de los recursos que fueron observados de manera indebida. Y entre 2000 y 2017, hubo 2 mil 121 pliegos observados, de los cuales sólo 114 casos, es decir; 5.4 por ciento fueron confirmados por irregularidades. Esta impunidad, resaltó, encubre irregularidades y solapa la corrupción. Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa precisó que este problema es muy grave, al señalar que año con año, 2 mil millones de pesos destinados a la educación son desviados. Esto, subrayó, equivale a dos veces lo invertido a capacitar a los docentes. -- Reforma