El pasado 5 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Congreso del Estado, en el que los diputados prometen, entre otras cosas, austeridad en el ejercicio de los recursos, incluir a contralores ciudadanos en procesos de compras y no contratar a personal sin preparación académica o únicamente para obtener algún beneficio personal. El capítulo IV en su fracción III señala que se incluirá a contralores ciudadanos en el Comité de Adquisiciones y procedimientos de licitación e invitación restringida que haga el Poder Legislativo, con el fin de que vigilen las compras que se realizan; además dicho código también señala que el ejercicio de los recursos y utilización de los bienes e insumos del Congreso deberá realizarse con apego a criterios de austeridad.  El vocero de la asociación Cambio por San Luis, Michel Hernández Piña, dijo que se debería reconocer legalmente una Contraloría Ciudadana al interior del Congreso del Estado, que cuente con facultades para hacer revisión de todos los procesos al interior del Congreso, ya que dijo que un código de ética es solo “un documento de buenas intenciones”, que no contempla una obligatoriedad real para los diputados ni cuenta con sanciones para quienes incurran en actos inadecuados. ¿YA NO HABRÁ AMIGUISMOS?

El código de ética señala también que no se debe contratar a personas cuando esto pueda generar un beneficio personal, familiar o de negocios; además de que el personal que se contrate debe contar con la preparación académica y experiencia suficiente para ocupar el cargo. Para Michel Hernández, este último punto del Código de Ética parece una burla, debido a que prácticamente todos los diputados tienen a asesores a quienes les están pagando un compromiso político o con quienes incluso tienen un nexo familiar, además de que muchos de ellos ni siquiera cuentan con título universitario y son solo “cargamaletas” con sueldos muy elevados. TRANSPARENTARÁN APOYOS

El documento también habla de los apoyos sociales que entrega el Congreso, mismos que fueron observados en la legislatura anterior de haber sido simulados, por lo que el código ahora señala que se deberá publicar el padrón de beneficiarios de estos programas y abstenerse de otorgarlos con fines político-electorales. Michel Hernández comentó que difícilmente un código de ética podrá frenar estas prácticas de corrupción, ya que los diputados van a encontrar las formas de cometer este tipo de acciones y salir impunes, tal como ocurrió con la denominada “Ecuación Corrupta” en la pasada legislatura, de la cual hasta el momento ningún ex diputado ha sido castigado conforme a la ley. El Código también establece la prohibición de que funcionarios del Congreso acepten regalos, estímulos, gratificaciones o algún beneficio por parte de terceros o de realizar cualquier trato o promesa de carácter privado o con fines personales; además señala que el cumplimiento de estos principios deberá ser vigilado por la Contraloría Interna y sancionar conforme a lo que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios, es decir que el código no contempla sanciones en sí mismo.