Un juez federal vinculó a proceso al empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), por el delito de lavado de dinero, derivado de un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, relacionado con la compra irregular de la planta de Agronitrogenados en 2013. Los abogados de Ancira solicitaron modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la de libertad provisional al argumentar que Pemex había aceptado un acuerdo de 219 millones de dólares por concepto de reparación del daño, a cambio de que la FGR retirara la acción penal en contra del empresario. Al respecto, el juez de control señaló que no se han modificado las condiciones y reiteró la prisión preventiva justificada. Añadió que, una vez que se presente el acuerdo reparatorio aprobado, fijará la fecha y hora de una nueva audiencia para la modificación de la medida cautelar. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la planta, que costó 273 millones de dólares, se vendió a Pemex a un sobreprecio 10 veces mayor al costo real. Además, acusa que los recursos del supuesto soborno fueron empleados por Lozoya para adquirir su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. Alrededor de la medianoche de este martes, el juez de control determinó que la FGR ofreció los datos de prueba necesarios para sospechar que el delito fue cometido y que el empresario está relacionado con este. En la audiencia estuvieron presentes el expresidente de Altos Hornos de México, acompañado por cuatro defensores privados, así como cinco fiscales. Como ofendidos acudieron representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Al comienzo de la sesión, los abogados de Ancira también solicitaron la nulidad de actuaciones al argumentar que se llevó a cabo la audiencia inicial por cumplimiento de extradición pese a que existía una suspensión a la orden de aprehensión en contra del empresario. La autoridad judicial rechazó el incidente al señalar que el asunto ya se había debatido en la primera audiencia. Durante la audiencia, la defensa argumentó que no se especificó la calidad con la que se atribuyó el delito y que este había prescrito; sin embargo, el juez determinó que sigue vigente. El empresario fue extraditado el pasado 3 de enero desde España, donde estaba detenido por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque el delito que se le imputa a Alonso Ancira no amerita prisión preventiva oficiosa, el 4 de febrero, un juez de Control determinó que la medida contra el empresario estaba justificada por el riesgo de fuga.