Lisa Sánchez integrante de la asociación México Unido contra la Delincuencia dijo en entrevista para Imagen Informativa sobre la ley de Seguridad Interior que les causa consternación la posibilidad de que el Senado apruebe la apruebe la próxima semana. Explicó que han solicitado tomar en cuenta las observaciones del colectivo “Seguridad sin guerra” del que forma parte México Unido, las cuales apuntan a la inconstitucionalidad de la ley, los riesgos para la seguridad y sobretodo para las libertades así como los derechos humanos, y la estabilidad democrática de aprobar una ley que en realidad, según consideran, militariza la seguridad pública y subordina al poder civil al mando militar. La coordinadora del programa de política Antidrogas de la organización señaló que han hecho un análisis no solo de la ley sino de otras 6 propuestas de iniciativas que se presentaron en el Congreso en el mismo sentido, pero la que han apoyado es plantear que de usarse opcionalmente al Ejército y la Marina para operativos de seguridad en aquellos puntos que verdaderamente lo requieran, debería reglamentarse el artículo 29 constitucional, para que los gobernantes justifiquen la petición. “También hemos hecho el análisis para la estrategia de seguridad de los últimos diez años y lo que hemos encontrado es el uso de las fuerzas armadas para sustituir a las policías, no es necesariamente la mejor política de seguridad y para lograr estabilidad en las comunidades y mucho menos para lograr un modelo general que reduzca la violencia, y particularmente que reduzca los homicidios” señaló. Indicó que no se debería aprobar hasta que se establezca las condiciones en la que serían requeridas las fuerzas armadas como determinar la zona de excepcionalidad que permita saber cuánto tiempo se van a quedar, y qué objetivos o resultados esperados, se establezcan controles legislativos, para saber el comportamiento de la fuerza del estado. La experta en seguridad advirtió que la intervención militar debe ser limitada y la menor de las veces y que la delincuencia del fuero común, es decir la tradicional se quede a cargo de policías fuertes con buen entrenamiento y capacitadas “cosa que es algo que se pone en riesgo con esta ley”. Desde México Unido contra la Delincuencia coincidió en el abandono de la fuerza policiaca, debido a que en la normatividad de Seguridad Interior prevén que las intervenciones de las fuerzas armadas pueden durar un año y su plazo puede extenderse de forma indeterminada, sin algún control; y solo se hace una mención de forma superficial en el artículo 23 sobre la necesidad de contar con programas para capacitar a la autoridad civil.  “No dice qué tipo de programas, no dicen qué asignaciones presupuestales, no dice qué incentivos, mucho menos sobre el plan de retiro paulatino de las fuerzas armadas de estas tareas que no les tocan y para las que no están capacitadas”, agregó que existen ambigüedades “de entrada no se justifica la seguridad interior, que se confunde con seguridad nacional y con seguridad pública cuestión que es inconstitucional y además se aplican definiciones sumamente laxas para justificar la intervención militar”. Lisa Sánchez consideró que la propuesta la presenta un “gobierno desesperado, presionado por las fuerzas armadas para tener certeza jurídica, pero que no es un gobierno presionado para resolver el problema de la seguridad”. Además aseguró que existe una presión política fuerte así como un uso electoral de la ley para darle a la gente el falso mensaje que habría mejora en la seguridad.