El Gobierno federal congeló desde el año pasado la cuenta del despacho de abogados de Querétaro que diseñó la estructura financiera utilizada por el empresario Manuel Barreiro para comprar una nave industrial al panista Ricardo Anaya por 54 millones de pesos. Dos de los abogados del despacho Rodríguez, Villalever, Galindo, Bernal & Urruchúa (RVGBU) colaboraron posteriormente con la Procuraduría General de la República (PGR) y le entregaron documentos que detallan la creación de empresas fantasma en diversos países para ocultar el origen del pago a Anaya. Registros judiciales indican que el despacho como tal, así como los abogados Daniel Rodríguez Velasco -uno de los testigos de PGR- y Federico Urruchúa Pellicer son objeto de bloqueo de cuentas como parte de la investigación contra Barreiro, al igual que una empresa denominada Seguridad Privada Operativa de Servicios de la que no existen referencias públicas. Rodríguez Velasco y otro de los socios, Alberto Galindo González, son quienes asesoraron a Barreiro y colaboran desde enero con la PGR. El despacho RVGBU presentó un amparo el 6 de noviembre de 2017 para impugnar el bloqueo de la cuenta 15410316 en Banco del Bajío, originalmente ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mediante oficio 110/E/336/2017. Para esa fecha, el SAT ya había clasificado como "facturera" a la empresa Manhattan Master Development Plan, creada en 2016 por Barreiro para ser la compradora de la nave industrial de Anaya. La Jueza Cuarta de Amparo en Querétaro, Mónica Montes, concedió a RVGBU una suspensión contra el aseguramiento de la cuenta, pero el 16 de enero Banco del Bajío reportó a Montes que había "dos embargos posteriores" ordenados por autoridades distintas de la UIF. Presumiblemente, una de estas autoridades es la PGR, que también por esas fechas congeló cuentas de tres empresas de Barreiro. "Si los diversos embargos que refiere (el banco) fueron ordenados por autoridad diversa a las señaladas como responsables, o por motivos diversos a los narrados por la quejosa en su amparo, la suspensión concedida no surte sus efectos", aclaró la jueza. Rodríguez Velasco presentó su amparo el 19 de enero señalando como responsable de asegurar la cuenta 0189239380201 de Banco del Bajío a Daniel Esquivel Chávez, agente del Ministerio Público de la Unidad Antilavado de la SEIDO. Urruchúa se amparó el 6 de febrero y la jueza les negó la suspensión definitiva tanto a él como a Rodríguez, por lo que no pueden acceder a sus cuentas. También en Banco del Bajío tiene su cuenta Tesorem, una Sofom creada por los abogados, que en agosto de 2016 y mayo de 2017 fue usada para transferir el dinero para la compra de la nave industrial de Anaya, desde empresas fachada de Barreiro en Gibraltar, Canadá y las Islas Turks y Caicos. -- REFORMA