Las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto en Cámara de Diputados aprobaron en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen sobre la Ley de Austeridad Republicana del Estado. Con 18 votos a favor, 7 abstenciones y ninguno en contra de la Comisión de Hacienda y 24 votos a favor 11 abstenciones y cero en contra de miembros de la Comisión de Presupuesto, se avaló el proyecto de dictamen cuyas reservas se discutirán en el Pleno el día de mañana. Diputados aprobaron una propuesta "rasurada" del dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, como la pretensión de aumentar la jornada de los trabajadores del Gobierno federal de cinco a seis días de la semana. Con el fin de generar un acuerdo, las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto donde, además de retirar la propuesta de obligar a los burócratas a trabajar los sábados, se canceló la intención de que la Federación pudiera echar mano de los rendimientos de los fideicomisos y la prohibición de contratar personal por honorarios y asesores, entre otras medidas que proponía un borrador distribuido la semana pasada. Sin embargo, el dictamen se aprobó por la mayoría de Morena entre reclamos del PAN, PRI, PRD, MC y PVEM de errores en técnica legislativa y de incorporar disposiciones que ya están en diversas disposiciones presupuestales y de la administración pública. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, aceptó que la ley de austeridad repetía otras normas ya existentes. Resaltó que ya no habrá ninguna violación a los derechos de los trabajadores, en referencia al retiro de la propuesta de prolongar la jornada laboral de los burócratas. "Lo que sí queremos que quede explícito es que la intensión es acabar con la falta de transparencia en materia de fideicomisos, ser más enérgicos en cuanto a contratación de servidores públicos, a la duplicidad de dependencias, hemos avanzado en las propuestas y podemos darnos un marco legal más acorde con principios de gasto eficiente y responsable", indicó al pedir el voto a favor del dictamen. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, reconoció que se había violado el procedimiento legislativo y se comprometió a que no se regresaría a propuestas ya retiradas. Xavier Azuara, del PAN, criticó que se pretendan emitir leyes fuera de las atribuciones de la Cámara, como el hecho de nombrar la norma de "Austeridad Republicana del Estado", lo cual jurídicamente no tiene sustento. "Estamos en contra de la forma, que viene a ser ineficaz y obstaculizar que se generen ahorros", sostuvo el panista. El priista Fernando Galindo advirtió que nadie puede estar en contra de medidas de austeridad, pero consideró que el objetivo de la ley se encamina a que todos los años haya ahorros, en lugar de buscar un presupuesto más eficiente cada año. "No vemos la razón para tener una nueva ley que va a entrar en conflicto con las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la de adquisiciones, con la nueva de remuneraciones, que acabamos de aprobar, y con la ley de Obra Pública. "Parece que se quiere el mensaje político con un nombre bonito de la nueva ley y haciendo una contradicción de normas", expuso. El perredista Antonio Ortega calificó el dictamen como un "adefesio legislativo", porque al menos 26 artículos de la norma ya están considerados en leyes generales. Acusó que el objetivo es una pretensión manipuladora del Ejecutivo para decir a la población que se aprobó su ley de austeridad, pero con contradicciones jurídicas y una pésima técnica legislativa. En el dictamen quedó la disposición de que los entes de la Administración Pública Federal ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana. "Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se atenderán las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública", se cita. La ley prevé la asignación de secretario particular únicamente a los titulares de dependencia o entidad; la eliminación de chofer a todos los servidores públicos; y se establece que la contratación del personal por honorarios y de asesores deberá estar plenamente documentada y justificada ante el órgano encargado del control interno que corresponda, garantizando los criterios de austeridad republicana. "Los representantes gremiales en los órganos tripartitos, con excepción de aquellos que se desempeñen en los Tribunales Laborales, ocuparán cargos honoríficos, por lo que no recibirán remuneración alguna por el desempeño de su función. "La contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, se realizará exclusivamente cuando las personas físicas o morales que presten los servicios no desempeñen funciones similares, iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados", se indica. -- Reforma