La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avanzó en retirar el fuero al Presidente de la República. Esto luego de advertencias del PAN sobre que Morena quería dar una protección especial a Andrés Manuel López Obrador mediante un proceso que no permitiría nunca juzgarlo en caso de cometer delitos durante su encargo. Diputados de Morena exhibieron nuevamente contradicciones al presentar primero un dictamen con una redacción que protegía a López Obrador y luego retirarla en la discusión con las demás fracciones. Por unanimidad, finalmente los diputados votaron en lo general y en lo particular el dictamen de reformas a la Constitución, el cual será presentado el jueves próximo al pleno de primera lectura. "La o el Presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra", cita la nueva redacción del artículo 111 de la Constitución.  Los servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal de conformidad con lo siguiente: las medidas cautelares no deben consistir en privación, restricción o limitación de la libertad, y el auto de vinculación a proceso puede ser recurrido directamente ante el pleno de la Suprema Corte.  "Cuando exista sentencia condenatoria, el juez comunica al órgano del cual forme parte el servidor público sentenciado el retiro de la inmunidad, a partir de lo cual éste cesa en sus funciones y queda a disposición de la autoridad correspondiente", indica el mismo artículo. En la discusión en lo particular, el diputado del PAN José Elías Lixa Abimerhi reclamó la redacción del inciso D) porque permitía al Ejecutivo federal evitar ser juzgado. Esa redacción fue propuesta por la priista Dulce María Sauri y agregada en el dictamen con el aval del Morena.  "Por lo que toca al Presidente o Presidenta de la República, para el retiro de la inmunidad y el cese de sus funciones se requiere la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de los presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de los presentes en el Senado, salvo aquellos casos en que la sentencia condenatoria sea dictada por la comisión de los delitos previstos en el artículo 19 de esta Constitución, así como de delitos electorales y por hechos de corrupción. "Cada cámara debe resolver dentro de un improrrogable plazo de diez días hábiles, a partir de la correspondiente notificación. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente convoca de inmediato a sesiones extraordinarias dentro de un plazo de tres días luego de que le es notificada la sentencia judicial. Nunca procede suspensión judicial, administrativa o parlamentaria contra la realización y desarrollo de las sesiones, discusiones y votaciones en que las cámaras se pronuncian sobre el retiro de la inmunidad y el cese de funciones. La resolución del Congreso en cualquier sentido no interrumpe o altera los ulteriores procedimientos judiciales ni prejuzga sus fundamentos y consecuencias. Las declaraciones y resoluciones que al respecto emiten las cámaras del Congreso son inatacables", decía la redacción cuestionada por el panista. Lixa Abimerhi pidió seriedad a Morena, dado que el Presidente electo ofreció eliminar el fuero bajo una premisa de igualdad del Ejecutivo ante los demás ciudadanos, a fin de eliminar privilegios, por lo que acusó que ahora había excepciones.  "¿Es un mensaje de privilegios al Presidente o se va a cumplir con lo que se ofreció en campaña? ¿Las escaleras ya no se van a barrer de arriba para abajo? ¿El país y los gobernantes ya no van a cambiar con el ejemplo? Me canso ganso", ironizó el panista al pedir quitar dicha redacción. El diputado de Morena Pablo Gómez respondió que las promesas de López Obrador se cumplirían y dijo que entonces los gobernadores no tendrían tampoco protección como la que se preveía para el Ejecutivo, como se consideraba en otro inciso. "Vamos a muerte súbita, hay sentencia y te vas a tu casa", expresó Gómez. Finalmente, los diputados votaron a favor de la propuesta del PAN de retirar la redacción que protegía al Presidente. También se modificó el siguiente enciso, por lo que los gobernadores también podrán perder la inmunidad cuando haya sentencia previa, lo que tendrá que ser comunicado al Congreso local de la entidad respectiva para que se separe del cargo el Mandatario. El dictamen también precisa que si se trata de un delito cometido durante el ejercicio del cargo no se podrá conceder indulto. "Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor o autora obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. "Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados".  Además, refiere el artículo 111, las sentencias del orden civil y las sanciones administrativas o de cualquier naturaleza distinta a la penal se aplican sin el retiro de la inmunidad, y sólo aquellas que implican arresto éste se ejecuta inmediatamente después de que el servidor público deja el cargo. En sus respectivas Constituciones, las entidades federativas deben tener el mismo sistema contenido en dicho artículo para el procesamiento penal, retiro de la inmunidad y cese del cargo. En artículos transitorios, a petición de Morena, se eliminó una redacción que planteaba que los procedimientos de desafuero o declaración de procedencia que se encontraran en curso a la entrada en vigor del presente decreto serían sobreseídos para dar lugar a la aplicación de las nuevas normas. También se reforma el artículo 61 constitucional para precisar que las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y difundan, propuestas legislativas o votos que emitan, durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas. -- Reforma