La Corte Suprema de Estados Unidos examina minuciosamente este miércoles el decreto antiinmigración del presidente Donald Trump, la fase final de una dura batalla judicial que dura ya 15 meses sobre una medida extremadamente controvertida. Es la primera vez que los nueve jueces, cuatro progesistas y cinco conservadores, dedican una de sus solemnes audiencias a una decisión política del multimillonario. Este caso será el último juzgado por tribunal superior en la sesión anual que termina a finales de junio, y es, probablemente, el caso más importante del año. El texto en cuestión es la tercera versión de un decreto que provocó una onda expansiva global cuando la Casa Blanca lo aplicó el 27 de enero de 2017, una semana después de que Trump asumiera el cargo de presidente. La última versión prohíbe la entrada a territorio estadounidense a los ciudadanos de seis países, la mayoría musulmanes. Los que se oponen al decreto aseguran que va contra los musulmanes, mientras que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la discriminación religiosa. Las diferentes versiones del decreto antiinmigración provocaron fuertes confrontaciones en el tribunal, y la tercera no escapa a la regla. Un juez de Hawái suspendió el 17 de octubre la tercera versión, firmada el 24 de septiembre, mientras que un tribunal de Maryland también bloqueó la medida. El gobierno apeló estas decisiones y la Corte Suprema restableció el decreto, aunque si pronunciarse sobre el fondo del mismo. "Terroristas extranjeros"  De ahí la importancia de los debates del miércoles, con turnos de palabra estrictamente iguales, acordado por el abogado del gobierno y el que representa a Hawái, estado que comenzó la disputa. Para la Casa Blanca, el decreto migratorio se inscribe totalmente en las atribuciones del presidente, definidas por el Congreso. Trump es libre de endurecer las fronteras del país si lo considera necesario si es por una cuestión de seguridad nacional. Trump asegura que el decreto tiene como objetivo prevenir la entrada de "terroristas extranjeros" en Estados Unidos, aunque los ataques más graves que ha sufrido Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York los han cometido ciudadanos estadounidense o de países que no provienen de los perjudicados por su decreto. Estos son Yemen, Siria, Libia, Irán, Somalia y Corea del Norte. Chad también estaba en la lista, aunque fue retirado recientemente. El abogado de Hawái, Neal Katyal, tratará de probar la existencia de prejuicios religiosos en la decisión de Trump, y recordará, seguramente, su promesa de campaña de prohibir la entrada de musulmanes en el país. También recordará que Trump retuiteó varios videos islamófobos colgados por el líder de un partido neofascista británico. "El decreto migratorio es, según palabras del propio Trump, una prohibición de los musulmanes", afirmó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, al frente de la lucha contra la medida del presidente. Borrar el prejuicio antimusulmán  Durante los 15 meses de litigio, el gobierno aprendió de sus errores, ya que en la tercera versión del decreto se aseguró de que los musulmanes fueran mencionados en forma menos directa. "Los tribunales, normalmente, confían en su presidente en cuestiones de inmigración, porque la inmigración concierne a temas de asuntos exteriores y de seguridad nacional. Pero los tribunales establecen también límites a este poder", explicó el profesor Stephen Yale-Loehr, especialista en temas de inmigración. La Corte Suprema tomará una decisión a finales de junio, y sea la que sea "tendrá profundas consecuencias para los estadounidenses, los migrantes y el presidente", predijo Yale-Loehr. -- EL ZÓCALO