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UUZI llama a agremiados a CATEM para que acaten la ley, y evitar caer en exigencia de prebendas
01:55 jueves 29 abril, 2021
San LuisEl bloqueo que realizan integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el arranque de la construcción de la vía alterna a la carretera 57 cae en la ilegalidad ya que no se respeta el procedimiento que marca la ley para manifestar inconformidad, sostuvo el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo. “Es un bloqueo y como tal, obviamente no está respetando un procedimiento que marca la ley. Para poder detener una obra en esta situación, y más por una controversia entre sindicatos; además, tengo entendido de que la titularidad del contrato la tiene CTM y está perfectamente demostrado que fue una de las cosas, incluso antes de arrancar la vía alterna”. El líder industrial insistió que el bloqueo realizado por CATEM no cumple con un procedimiento, además, calificó como un “chantaje”, el actuar de la confederación para obtener prebendas. Explicó que la reciente reforma laboral marca que, para poder llevar a cabo este tipo de movimientos, primero se debe acreditar el reconocimiento de la titularidad de un contrato. “No se pueden tomar estas acciones de tipo unilateral, a nuestra pensar es un chantaje para obtener prebendas”. Asimismo, explicó que no se puede permitir este tipo de acción, ya que refirió que esta obra de movilidad que ha costado mucho trabajo, es producto de un gran esfuerzo por parte de gobierno y de la iniciativa privada, “como para que por intereses de este tipo sobre todo, no fundamentados, detengan este trabajo”, reprochó. Asimismo, comentó que pudiera darse un retraso en la obra, sin embargo, confió que el bloqueo pueda levantarse de manera rápida. En este sentido, Pérez Castillo dijo que el llamado a los manifestantes es que acaten la ley y entienda que esto no se arregla de esta manera, además, agregó que este tipo de acciones resulta contraproducente en la opinión ciudadana, “todos tenemos derecho al trabajo, pero no podemos afectar el bien público”. De igual forma, consideró que las autoridades deben actuar en consecuencia para lograr la liberación de la obra y si hay que aplicar alguna sanción en estos casos que se haga “para demostrar que no estamos dispuestos a tolerar este tipo de actitudes irregulares”, reiteró.