San Luis Potosí, México (01 Noviembre 2017).- Para garantizar las condiciones laborales de los elementos de policía en el Senado de la República, se presentó una solicitud de reforma a la Ley General de Prestaciones Económicas y de Seguridad Social para los Elementos de Seguridad Pública, anunció Fernando Torres Graciano, senador de la República. En entrevista para WFM 100.1 detalló que esta modificación propone que se cumpla lo establecido en el artículo 123 constitucional en cuanto a la relación de las instituciones de seguridad pública con los elementos policiales, para que sea exclusivamente de carácter administrativo. Refirió que las condiciones laborales en las que se encuentran los elementos de policía de municipios y estados son deficientes, lo que abre la puerta para que los elementos se involucren en actos delictivos e incluso sean cooptados por la delincuencia organizada. Agregó que esta iniciativa también pretende dar certeza a los elementos policiacos cuando son sujetos de procedimiento de investigación, ya que actualmente no pueden ser reinstalados en sus cargos aunque se demuestre su inocencia. Admitió que un tema para debatir es la cuestión que implica los recursos necesarios para mejorar salarios y otras prestaciones a los elementos, ya que, al menos en el tema municipal, los recursos destinados por la federación para el fortalecimiento de la seguridad, son dispuestos por los ayuntamientos de acuerdo a sus necesidades. Por esta razón, dijo, esta iniciativa se debe de acompañar con otra propuesta que aún se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión sobre el Mando Mixto, pues consideró que de aprobarse esta iniciativa podría haber una unificación en los criterios de selección, formación, evaluación y remuneración de los elementos policiacos.

Además la denominada Ley de Mando Mixto, establecía los rubros en los que se debería emplear el presupuesto de modo que había unificación en su empleo, sin violentar la independencia y autonomía de los ayuntamientos. Incluso esta propuesta permite que la Federación asuma el control de las corporaciones policiacas si los ayuntamientos o estados incumplen con garantizar la seguridad a los ciudadanos.