Por conveniencia de los gobernadores, por favores políticos, por falta de resultados e investigaciones en su contra, o porque han utilizado su puesto como trampolín político, 362 funcionarios han estado al frente de las secretarías de Seguridad Pública (estatales), así como de las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, entre el 1 de diciembre de 2006 (inicio de la guerra contra el narcotráfico) y el 30 de abril de 2018. Registros del Diario Oficial de la Federación (DOF), de las conferencias Nacionales de Seguridad y Procuración de Justicia, así como de las propias dependencias estatales, indican que durante este periodo, 193 secretarios y 169 procuradores o fiscales dirigieron o dirigen las dependencias en los 32 estados. Una investigación realizada por Excélsior revela que las entidades con más cambios son: Michoacán (21), Baja California Sur (17), Tamaulipas (16), Estado de México (15) y Tabasco (14). Aguascalientes, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí han tenido 13 por cada entidad. Michoacán también encabeza la lista de los estados con más secretarios de Seguridad Pública, al registrar 13, le siguen Baja California Sur, 11; Tabasco, 10; Estado de México, nueve; mientras que en Tamaulipas, ocho. En cuanto a procuradores o fiscales, Aguascalientes, Michoacán y Tamaulipas, registran ocho respectivamente. Les siguen Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz, cada estado con siete. Entre los encargados de despacho o titulares que están o han estado al frente de las instituciones, se encuentran abogados, doctores, ingenieros civiles, comunicadores, diputados, así como militares, marinos, policías federales, e incluso, elementos del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen). Durante las designaciones de los funcionarios, los gobernadores o secretarios de Gobierno, los presentaron como la solución para terminar con la inseguridad y la violencia en las entidades, sin embargo, la desaparición y homicidio de personas, la fuga de reos, la presencia de cárteles o investigaciones en su contra por vínculos con grupos del crimen organizado originaron su destitución o renuncia. EFÍMEROS y ETERNOS Algunos de los titulares duraron sólo algunos meses o incluso semanas. Ejemplos de ello son Manuel David Magdón Flores, exsecretario de Seguridad Pública de Baja California Sur; Laura Arellano Heredia, exsecretaria de Coahuila; el Coronel Leopoldo Hernández Bedoy y Carlos Hugo Castellanos Becerra, ambos exsecretarios en Michoacán. En Nayarit, el exsecretario Rodolfo Ocampo Pérez y el exprocurador Germán Javier Rodríguez Jiménez. En Nuevo León, el General Javier del Real Magallanes; en Tamaulipas, el exsecretario Antonio Garza García; en Tlaxcala, el militar en retiro, Rubén Santacruz Caltempa, quien fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP). También se encuentra Alejandro Rojas Chalico, exintegrante de la Policía Federal Preventiva (PFP), hoy Policía Federal (PF), quien fue cesado por la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas. En contraste, en algunos estados, la Seguridad y Procuración de Justicia han estado solamente bajo el mando de unos cuantos. Yucatán, es un claro ejemplo de ello, ya que el secretario Luis Felipe Saidén Ojeda lleva más de 12 años como titular. En Guanajuato, la procuraduría ha estado al frente de Carlos Zamarripa Aguirre, quien asumió el puesto en febrero de 2009. Desde 2009 la Procuraduría General de Justicia de Chiapas ha estado bajo el control de dos funcionarios: Raciel López Salazar y María Susana Palacios García. Raciel López fue designado como procurador en enero de 2009. En marzo de 2012 pidió una licencia para contender por una diputación federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual ganó. Su lugar fue ocupado por María Susana Palacios (abril 2011 - noviembre 2012). En diciembre de 2012, Raciel volvió a ser ratificado en el puesto por el gobernador Manuel Velasco Coello. En abril de 2017, fue nombrado fiscal por un periodo de nueve años, sin embargo, en marzo pasado volvió a pedir licencia para contender por una nueva diputación federal. En su lugar, se designó como encargada de despacho a María Susana Palacios García. En Baja California, una de las entidades con más violencia en el país, la secretaría de Seguridad Pública estuvo bajo el mando de Daniel de la Rosa Anaya durante una década (octubre 2007-octubre 2017). Tras su renuncia se reacomodó en Baja California Sur, donde fue nombrado procurador en diciembre de 2017. Daniel de la Rosa Anaya es uno de los diferentes secretarios o procuradores del país que ha brincado de un puesto a otro bajo el cobijo de las autoridades. El funcionario que más se ha beneficiado de ello, es Heberto Ortega Jiménez, quien fue secretario y procurador de Aguascalientes; Adonaí Carreón Estrada fue secretario en Baja California y procurador en Campeche; Héctor Sánchez Gutiérrez fue secretario en Campeche y en Tabasco. Juan Manuel Herrera ha sido dos veces procurador de Campeche y una de Guerrero; Jesús Rodríguez Almeida, fue secretario en la Ciudad de México y Puebla y procurador en la capital del país. Damián Canales Mena fue secretario en Hidalgo y Estado de México; Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco  fue secretario y fiscal en Jalisco; José Martín Godoy Castro, dos veces procurador de Michoacán. Con información de Karla Méndez, Arturo Salinas, Paul J. Ulloa, Gaspar Romero, Carlos Coria, Alma Gudiño, Andrés Guardiola, Rolando Aguilar, Emmanuel Rincón, Miguel García, Pedro Tonantzin, Aracely Garza, Patricia Briseño, Fernando Pérez, Jesús Bustamante, Daniel Sánchez, Fabiola Xicoténcatl, Héctor González, Lourdes López y Flor Castillo. Reflejo de politización de instituciones: especialistas Especialistas en temas de seguridad nacional consideraron que la rotación de 362 mandos en secretarías (estatales) y procuradurías de las 32 entidades federativas en menos de dos sexenios es un reflejo de la politización de las instituciones, las cuales tienen como prioridad quedar bien con el jefe (gobernador) en turno. Además, indicaron que otro de los factores que originan los cambios, es que no hay rendición por parte de los funcionarios, por lo que pueden ocupar múltiples puestos sin que nadie los cuestione. “Es un síntoma de la, hasta hoy, imposible profesionalización del sector. Es una falta de maduración de una política pública que no distingue la responsabilidad política de la conducción operativa a manos de expertos. México no logra separar al político del experto, y eso destruye a las instituciones, a las personas, carreras y somete a las personas a los cambios, porque el incentivo es político es quedar bien con el jefe”, comentó Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática de la Universidad Iberoamericana.

Agregó que: “la falta de madurez se repite en los tres órdenes de gobierno. Los cambios políticos no están vinculados a los resultados, porque no existen herramientas públicas que vinculen el cargo con rendición de cuentas y resultados, por lo que puede irse o llegar en cualquier momento, y no hay discusión pública alguna de si lo hicieron bien o mal” Por otra parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común explicó que: “No hay una forma de designación de acuerdo a perfiles de puesto. Es reflejo de la poca importancia que se da a la seguridad y justicia en el país. También, muestra que las instituciones son muy débiles”. Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), comentó que: “son demasiados para un periodo de dos sexenios. Esto habla de la terrible politización y el uso político de las instituciones de seguridad y justicia del estado mexicano. Estos cambios, son una de las respuestas que explican los altos niveles de impunidad que tienen las 32 entidades”. -- Excélsior