Las y los diputados del Congreso del Estado tardaron cerca de un mes para poder retomar el trabajo de las comisiones y las sesiones plenarias a través de plataformas virtuales o usando las tecnologías, pero costaron más de 2.8 millones de pesos al erario público. Fue a partir del 18 de marzo que el Congreso local declaró la suspensión de actividades presenciales, tanto legislativas como administrativas en el Poder Legislativo, y fue hasta una sesión plenaria todavía en el Salón Ponciano Arriaga el 17 de abril del mismo año, cuando se aprobaron las sesiones virtuales a través de plataformas. Sin embargo, durante ese periodo las y los congresistas continuaron percibiendo su salario íntegro que asciende a 104 mil 500 pesos. Es decir, que durante un mes, cada legislador recibió a diario 3 mil 483 pesos como parte de su dieta salarial. Durante el periodo de inactividad el Congreso erogó 2 millones 821 mil 500 pesos como pago de la dieta de las diputadas y los diputados donde, incluso, en repetidas ocasiones no se desarrollaron sesiones plenarias por la suspensión de actividades presenciales. Fue hasta el 17 de abril en que se sometió a votación del Pleno la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo que por unanimidad aprobaron que tanto comisiones como las sesiones de Pleno pudieran desarrollarse de forma virtual, a través de medios tecnológicos.