Para las reuniones del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí no ha sido tomado en cuenta el Poder Judicial, ente que de acuerdo con la ley debe ser uno de los integrantes que participen, al menos así lo señaló el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE) Juan Paulo Almazán Cué.

Señaló que no ha sido convocado el representante asignado Javier Delgado, al menos mediante una convocatoria bajo lineamientos legales.

“Nosotros no tenemos ninguna convocatoria formal, que nos indiquen en qué fecha se van a realizar, es importante hacer saber que nosotros tenemos total intención de participar y que el SEA funcione, pero en un total sentido de legalidad”.

Sin embargo el presidente provisional del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA Juan Ramón Infante Guerrero aseguró que han citado al Poder Judicial para la sesión de instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo señaló que ha sido una práctica recurrente que no asistan a las reuniones. Dijo desconocer los motivos para no acudir a las reuniones ordinarias las cuales señaló están calendarizadas cada 3 meses, y de las 6 sesiones ordinarias sólo han asistido a una los representantes del STJE. “Desconozco los motivos que tenga Juan Paulo Almazán Cué, para hacer este tipo de declaraciones, cuando es el funcionario, el Consejo de la Judicatura, quien más faltas tiene a las reuniones, de hecho, solo tiene una sola asistencia que fue cuando se conformó”. Aun con la ausencia del Poder Judicial, el pasado 28 de mayo se constituyó el órgano de gobierno con 4 de los 7 integrantes del Consejo Coordinador. “Una vez instalado el órgano de gobierno, ya podemos funcionar, adecuadamente, al ser publicados en el Periódico Oficial, cosa que no teníamos anteriormente, entonces con esto arranca oficialmente el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en San Luis”. Dentro del Comité Coordinador han participado representantes de la Contraloría General del Estado (CGE), la CEGAIP y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa , en menor medida de la Auditoría Superior y la Fiscalía. A finales de este mes se espera también contar con una oficina para la operación del CPC, en el centro histórico.