A 52 días de la elección y con su candidatura al Senado en litigio, Napoleón Gómez Urrutia y el sindicato minero fueron condenados a regresar 54 millones de dólares para repartirlo entre sus agremiados. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió favorablemente, por segunda vez, demandas presentadas en 2006 por trabajadores que alegan que el sindicato no les entregó los recursos que habían sido depositados para su beneficio por la empresa Grupo México en un fideicomiso. La organización sindical quedó en control del dinero en 2005, y este caso fue el que provocó acusaciones penales por las que Gómez Urrutia se exilió en 2006 en Vancouver, Canadá, y por las cuales fue absuelto. Actualmente, Gómez Urrutia aspira a un escaño como senador plurinominal por Morena, aunque el Trife tiene pendiente resolver si la "renuncia" que presentó a su ciudadanía canadiense es suficiente para considerar que dejó de tener doble nacionalidad, pues dicha condición es impedimento para acceder al Senado. "Se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (...) a hacer efectivo en favor de los actores el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional y equitativa de la cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares, que el extinto fideicomiso 10964526 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005", dice el laudo notificado este miércoles por la Junta Especial Número Diez de la JFCA. En 2005, los 54 millones 84 mil 470 dólares representaban 600 millones 770 mil 293 pesos. Hoy, ese monto sería de mil 58 millones 784 mil 627 pesos, es decir, 76 por ciento más. La Junta agregó que era obligación del Sindicato repartir el dinero, sin que esté probado que se hicieron los pagos. Si bien el fallo menciona a unos 300 trabajadores, agrega que se deberá abrir un incidente de liquidación para conocer afiliados de la sección 65 del sindicato que en 1990 laboraban para Cananea y así lograr una repartición equitativa. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había dictado un laudo similar a finales de 2012, que el sindicato impugnó mediante un amparo ante tribunal colegiado en materia laboral, que ordenó a la JFCA reponer fallas de procedimiento, lo que tomó más de cinco años. El caso se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea, que estaba en suspensión de pagos, y se comprometió a darle al sindicato minero una participación accionaria de 5 por ciento. -- Reforma