Tres compañías de Manuel Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario de Querétaro señalado por una supuesta operación de lavado para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato Presidencial Ricardo Anaya, promovieron amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas bancarias. Las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de febrero al menos cuatro amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas. Las empresas mencionaron en sus amparos a la Comision Nacional Bancaria y de Valores como autoridad responsable de ejecutar los congelamientos, aunque en realidad, ignoraban de donde provino la orden. Sin embargo, una fuente con conocimiento del caso dijo a REFORMA que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no fue quien ordenó esta medida. Las cuentas inmovilizadas incluyen las número 0194317955, 0105643813 y 0105643775 en BBVA Bancomer, así como 0159467180202 y 0177603980201 en Banco del Bajío. "De las manifestaciones expresadas por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se advierte que la emisión del aseguramiento haya sido emitido por alguna autoridad hacendaria con motivo de algún crédito fiscal iniciado en su contra; es decir, hasta este momento no se tiene certeza del porqué se hayan asegurado las cuentas respecto de las cuales el promovente aduce ser titular", expuso el juez Javier Loyola. Este juez y su colega Óscar Palomo concedieron a Advance Real Estate suspensiones provisionales para que la autoridad no remueva fondos de las cuentas, sin que ello implique que las empresas puedan disponer libremente de su dinero. Los dos amparos de Aspen Partners, en tanto, quedaron en el limbo, pues otro juez federal de Querétaro y uno de León, Guanajuato, se declararon incompetentes para llevar los juicios, que se refieren a las dos cuentas en Banco del Bajío. La Procuraduría General de la República (PGR) indaga desde octubre de 2017 una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development, que según el SAT emite facturas por servicios inexistentes. Este domingo, Anaya sostuvo que la venta de la nave industrial a Manhattan Master fue una operación real y legal, y que esa empresa le pagó la nave industrial "con tres transferencias bancarias, provenientes de una cuenta de Banco del Bajío", sin que el panista conozca el origen de los recursos.

Confirman suspensión en favor de Barreiro Un tribunal federal confirmó la suspensión provisional que impide a la PGR llevar ante un juez su investigación contra el empresario Barreiro Castañeda. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundada este lunes, por dos votos contra uno, la queja de la PGR para impugnar la suspensión provisional, otorgada el jueves pasado por el juez Patricio Vargas Alarcón, quien prohibió resolver la carpeta de investigación UEIORPIFAM/979/2017. Se trata de la carpeta abierta por la PGR el pasado 26 de octubre, ante la denuncia de dos personas que afirman haber participado en el esquema de Barreiro para ocultar el origen del dinero, que Anaya recibió por la venta de una nave industrial. Los Magistrados Horacio Hernández Orozco y Miguel Sánchez Frías rechazaron cuatro argumentos de la PGR contra la suspensión provisional, entre ellos, que no se debió conceder porque el acto reclamado por Barreiro es una omisión de los fiscales para responder un oficio presentado el 14 de febrero por sus abogados. "De los hechos narrados por la parte quejosa en su demanda de amparo, y de los documentos que anexaron a la misma, se desprende que tienen dicha calidad (de indiciados)" en la investigación, afirmó la mayoría, por lo que fue correcto conceder la suspensión. Agregó que esta medida no impide a la PGR seguir integrando la investigación, y que si se permite presentar la carpeta ante un Juez de Control, habrá un cambio de situación jurídica que causaría daño irreparable a Barreiro y otros quejosos cuyos nombres no han sido publicados, pues quedaría consumada la etapa de investigación inicial. El Magistrado Francisco Javier Sarabia votó en contra de la opinión de sus colegas. El juez Vargas resolverá este martes si concede la suspensión definitiva, para lo cual ya contará con los informes que le ha rendido la PGR sobre su indagatoria. -- Reforma