La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción ha recibido 133 denuncias desde 2018, en que inició funciones, a la fecha; de las cuales en ninguna se ha ejercido acción penal y 43, es decir la tercera parte, se encuentran pendientes de resolver, de acuerdo con datos informados por la propia Fiscalía en respuesta a una solicitud de información. De las 90 denuncias resueltas, en 43 se decidió no ejercer acción penal, es decir no se encontraron elementos para sancionar el presunto acto de corrupción; 24 se mandaron a archivo temporal, lo cual significa que la investigación llegó a un punto en el que ya no se logró avanzar y por tanto se mandó a archivo en lo que se obtenían más elementos. Hay otras 23 denuncias que ni siquiera fueron investigadas por diversos motivos: 13 de ellas fueron declinadas por incompetencia, dado que se trataban de asuntos que le toca investigar a la Fiscalía General de la República; en ocho se determinó abstención de investigación, dado que la Fiscalía consideró que el hecho denunciado no constituía un delito y en dos fue “acumulación”, es decir denuncias que reportaban los mismos hechos que otras y que por tanto se integraron a las primeras. En la respuesta también se informa que “esta fiscalía no ha formulado consignación, ni vinculación a proceso de las denuncias que desde su creación y que hasta la fecha corriente se han recibido”. El vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, dijo que el hecho de que no se esté ejerciendo acción penal, no solo responde a que no se encuentren elementos para sancionar, sino también a que la ley es muy “blanda” con los funcionarios que desvían recursos públicos y les permite devolver el dinero en mensualidades para no tener que pisar la cárcel. “Les permiten a los infractores devolver el dinero robado en cómodas mensualidades, como ha sucedido con la fiesta fantasma, con los ex diputados y con algunos otros denunciados. Entonces la ley está hecha para que no haya cárcel, como el caso del ex diputado Enrique Flores, son demasiadas salidas alternativas que tienen los funcionarios públicos para salir sin consecuencias fatales”. Más de la mitad de los delitos de corrupción denunciados corresponden a robo, con 44 denuncias y a abuso de autoridad con 26. Otros delitos denunciados son: asociación delictuosa (16), ejercicio indebido de la función pública (15), cohecho (12), peculado (12), delitos cometidos por servidores públicos en la procuración de justicia (9), usurpación de funciones (5), hechos con apariencia de delito (4), extorsión (3), entre otros. FISCALÍA ACÉFALA La Fiscalía Anticorrupción tiene a 11 personas laborando, entre las que se encuentran tres agentes y tres auxiliares del Ministerio Público, un solo policía investigador, un perito en documentoscopía y grafoscopía, entre otros más como un encargado de despacho que se mantiene como cabeza de esta fiscalía desde el 31 de enero pasado, cuando Jorge Alejandro Vera Noyola dejó el cargo de fiscal anticorrupción. En pocas palabras, la Fiscalía Anticorrupción lleva ocho meses y medio sin un titular, luego de que el pasado 26 de agosto, el Congreso del Estado decidió rechazar la terna de candidatos que mandó Gobierno del Estado y de que el 8 de septiembre se concediera una suspensión del proceso de elección, luego de que la Asociación de Abogados Plan de San Luis promovió un juicio de garantías. El presidente de esta asociación de abogados, Marco Antonio Coca Manzanares, explicó que este juicio se promovió luego el 13 de julio pasado, ellos presentaron dos cartas a Gobierno del Estado, en las que proponían a Édgar Marcelo García Uribe para ser considerado en la terna de aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, el Poder Ejecutivo les respondió que su propuesta no había sido considerada debido a que había sido recibida dos días después de que se envió la terna al Congreso del Estado, lo cual, según Coca, no es cierto. El abogado explicó que Gobierno del Estado envió su terna el 13 de julio, es decir el mismo día que ellos enviaron su propuesta, sin embargo, en la respuesta que les enviaron el Poder Ejecutivo asegura que la propuesta les llegó dos días después, es decir hasta el 15 de julio y esta es la razón por la que promovieron el juicio de garantías, dado que las autoridades están dando un argumento falso para no tomar en cuenta su propuesta. Este juicio aún no se resuelve y Coca Manzanares asegura que la suspensión que les concedieron impide al Congreso poder elegir a un Fiscal Anticorrupción hasta en tanto no se resuelva para lo cual todavía no hay una fecha; mientras tanto, ni Gobierno del Estado ni Congreso se han pronunciado en torno a por qué no se ha enviado una nueva terna.