El fuerte control al gasto que se ha observado en el gobierno federal, el IMSS, ISSSTE y entidades de control indirecto han permitido generar un superávit conjunto de 126 mil 734 millones de pesos a mayo de este año, mismo que ha cubierto el déficit de 94 mil 383 millones de pesos que han generado Pemex y CFE, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. Así, el sector público federal ha registrado un superávit total de 32 mil 351 millones de pesos en el lapso de referencia, que, al ser comparado con el déficit programado de 79 mil 84 millones de pesos, ha generado un remanente mayor al programado por 111 mil 435 millones de pesos. Este último monto es cercano a los ahorros que presumió la semana pasada el presidente López Obrador en lo que va del año, de un monto de 113 millones de pesos. DERECHOS, EN RIESGO Mariana Campos, directora de Gasto Público de México Evalúa, explicó a Excélsior que estas cifras ratifican el hecho de que las empresas del Estado, en particular Pemex, representan un riesgo no sólo para las finanzas públicas, sino también para garantizar los derechos de la población en el país. “Con la falta de un plan de negocios que deje tranquilo a especialistas e inversionistas, Pemex está lastrando el país por dos vías: una, ajustar el gasto para cumplir metas fiscales cubriendo el boquete de la empresa, y dos, ajustar todavía más para poder capitalizarla”, comentó Campos. Añadió que esta situación se agrava cuando a la ecuación se agrega que se desea privilegiar los programas prioritarios de la administración, que aún no tienen reglas de operación. “Hemos visto cómo se han recortado a rubros sensibles como la salud. Y esto se hace más injusto cuando se da prioridad a transferencias directas que aún no tienen reglas claras, lo que eleva riesgos de corrupción y uso clientelar de los recursos. ¿De qué sirve que la gente reciba el dinero si no hay oferta de servicios que supla las necesidades de la población?”, añadió Campos. SON RECORTES La especialista de México Evalúa explicó que el tamaño del superávit del sector público no se puede considerar como ahorro, porque según la ley hacendaria, los remanentes tienen que cumplir dos condiciones: uno, tienen que ser respecto al presupuesto modificado, y dos, tienen que ser generados después de haber gastado y cumplido con las metas fijadas para esos gastos. Empresarios y presidencia acuerdan mesa de diálogo “En el cumplimiento de metas es donde está una zona gris, porque ¿quién revisa el cumplimiento de metas? No queda claro quién decide si se cumplieron o no. Aquí es donde queda chueca la definición de ahorro”, comentó Campos. “En la discusión actual la pregunta sería: ¿esos más de 100 mil millones de pesos de ahorros que presume el gobierno realmente no amenazó el cumplimiento de metas en cada sector gubernamental? Hemos visto que hay tratamientos y suministros médicos que ya no se entregan a la población, y también que ya ciertas dependencias reportan riesgos de operación por falta de presupuesto. Así que yo no creo que esto sea realmente ahorro, sino más bien recortes”, comentó Campos. LA LEY DE AUSTERIDAD, UN RETROCESO La reforma planteada en la Ley de Austeridad Republicana, en la que el presidente de la República ahora puede decidir el destino de los ahorros que se generen en el sector público no se puede llamar partida secreta, pero sí es un retroceso frente a la legislación actual, que establece que los remanentes los usarán las propias dependencias que los generan, con el fin de alcanzar sus propias metas, afirmó Mariana Campos, directora de Gasto Público de México Evalúa. “Hoy la ley permite que la propia secretaría u organismo que genera el ahorro los puede usar para cumplir sus propias metas, a partir de sus programas prioritarios. Pero al cambiar esto, se pierden los incentivos para que sean más eficientes en su gasto, pues van a decir: para qué esforzarme si al final lo que genero lo va a poder usar otro”, comentó Campos. Por eso añadió que “hay que despersonalizar el gasto”. --

Con información de Dinero en Imagen

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