Exfuncionarios del municipio de Cedral que formaron parte de la administración 2015 – 2018 fueron denunciados penalmente por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y ejercicio ilícito de funciones. Entre los presuntos responsables destacan quienes fungieron como presidente, tesorero y coordinador de Desarrollo Social en el municipio de Cedral, además de 5 personas físicas que vendieron o prestaron servicios en calidad de proveedores, a quienes se les atribuye el presunto delito de peculado. El monto económico de la denuncia equivale a 15 millones 369 mil 712 pesos, cantidad que agrupa observaciones financieras no solventadas correspondientes a recursos fiscales y participaciones del Ramo 28, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y otros recursos estatales y municipales. Otros recursos estatales y municipales concentra la mayor parte de las irregularidades, ya que cerca del 46 por ciento del monto observado pertenece a este fondo, que aporta capital para obra pública y acciones sociales. En este caso, no existe evidencia de expedientes técnicos unitarios de ocho obras por un importe de 7 millones de pesos, anomalías a las que se atribuyen los presuntos delitos de ejercicio ilícito de funciones y peculado, en contra del ex presidente, ex tesorero y ex coordinador de Desarrollo Social. Le siguen los fondos de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento de los Municipios, que en conjunto alcanzan 8 millones 192 mil 212 pesos, por observaciones tales como haber transferido recursos a cuentas bancarias distintas a la de destino, sin haber reintegrado ni presentado documentación comprobatoria y falta de documentación técnica de obra pública, en su mayoría. Un aspecto importante de esta denuncia es que incluye 5 proveedores; personas físicas a quienes la ASE atribuye el presunto delito de peculado, por haber recibido recursos provenientes de los fondos para la Infraestructura y el Fortalecimiento de los Municipios de manera que se presume irregular, destinados a obra pública y acciones sociales