En la fiscalización de las cuentas públicas 2018, la Auditoría Superior del Estado (ASE), al igual que en ejercicios anteriores, volvió a detectar proveedores “fantasma” y obras públicas que rebasan sus periodos de ejecución y que terminan siendo más caras que lo que se había presupuestado, según consta en el informe general de la cuenta pública 2018, en poder de GlobalMedia. En el apartado titulado “Áreas clave con riesgo identificadas en la fiscalización superior”, la ASE reporta que “se presentaron casos de proveedores y contratistas no localizados para verificación en el domicilio fiscal del Comprobante Fiscal Digital (CFDI)”; además señala que hay “falta de planeación, supervisión y seguimiento de los proyectos de obra pública, que ocasionan incrementos en el monto de inversión y plazos de ejecución”. Respecto de las obras retrasadas, que causan costos mayores a la administración pública, la ASE pide al Congreso del Estado aprobar una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con el fin de obligar a los entes de gobierno a que pidan a sus proveedores que en los expedientes de obras contratadas bajo la modalidad de adjudicación directa a base de precios unitarios, incluyan un análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo y un programa de barras y erogaciones calendarizadas de la ejecución del catálogo de conceptos, en donde indiquen la cantidad de días requeridos para la ejecución de cada concepto. La ASE también reporta insuficiencia de información relevante, principalmente relacionada con planes y programas de las administraciones públicas, su avance y cumplimiento.  PIDE ASE MODIFICAR LEY PARA MUNICIPIOS Otras sugerencias que hace la ASE al Congreso versan en torno a modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre para que el cargo de Coordinador de Desarrollo Social Municipal sea elegido por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, dado que representa una figura muy importante en la aplicación de recursos del ramo 33, así como exigir que este funcionario cuente con un perfil académico acorde a sus funciones. Pide también modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre para que se establezca que una dependencia no podrá estar acéfala por un periodo mayor a 15 días, dado que es común que en los ayuntamientos se nombren a encargados de despacho y se dejen sin titular dependencias que son muy trascendentes para la administración pública. AUDITORÍAS ESCUETAS El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, dijo no confiar en el trabajo que realiza la ASE, en torno a estas cuentas públicas, toda vez que “ha demostrado que sigue siendo igual que sus antecesores”, toda vez que dijo que la organización que encabeza ha presentado 8 denuncias por irregularidades en la administración pública y no se ha tenido respuesta de ninguna de ellas. Criticó el hecho de que la ASE no haya detectado actos de corrupción que la organización Ciudadanos Observando ha puesto en evidencia, como es la contratación de empresas “fantasma” desde la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y el Hospital Central, en donde incluso se han comprado medicamentos contra el cáncer adulterados o el fraude de obras “fantasma” en el municipio de Ciudad del Maíz, por lo que aseveró que “si la Auditoría hiciera bien su trabajo, Gobierno tendría al menos el 35 por ciento de observaciones”. ENTES MENOS Y MÁS AUDITADOS En el informe general también se puede apreciar el monto de las muestras auditadas por la ASE en la cuenta 2018. Los entes obligados a los que se les auditaron menores porcentajes de sus recursos fueron: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), a la que solo se le auditaron el 44.7 por ciento de sus recursos; el Poder Legislativo, al que solo se le auditó el 63.8 por ciento de sus recursos y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), que tiene el 51.7 por ciento de sus recursos auditados. En contraparte, el ente obligado con mayor porcentaje de sus recursos auditados es el Centro de Justicia para Mujeres, al que se le auditaron el 100 por ciento de sus recursos; seguido de la Junta Estatal de Caminos que tiene auditados el 99.7 por ciento de sus recursos y la Secretaría de Cultura con el 99.4 por ciento.