La Procuraduría Fiscal buscará erradicar el "outsourcing ilegal", práctica que, con la reforma que entró en vigor este año, es considerada como delincuencia organizada. En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el Procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, hizo un llamado a las empresas que realizan esta práctica ilegal y a quienes contratan sus servicios a desistir. "Precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es a través de la reforma aprobada y que entró en vigor donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio", expuso. "La reforma busca castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es decir tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal". Es decir, explicó el funcionario de la Secretaría de Hacienda, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo objetivo es no pagar cuotas de seguridad social, del IMSS e Infonavit, minimizar la carga tributaria o desaparecer la relación laboral que exista. Romero Aranda advirtió sobre el tipo de sanciones que pueden recibir quienes incurran en esta práctica. "Al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? Que se le inicie una investigación, que se presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio", detalló. En el caso de quien presta este servicio ilegal, añadió, puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa o condenado hasta con 20 años de prisión. "Es muy importante que dejen de prestar este servicio ilegal, sí hay sanciones, esto ya cambió, esto es uno de los principios de la Cuarta Transformación, y que tenemos que seguir al pie de la letra", advirtió. "No podemos permitir que sigan estas prácticas ilegales pedimos que se acerquen". Cuestionado sobre las medidas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno tomó la decisión de manera preventiva, pues busca informar a trabajadores y a dueños de empresas que con la nueva legislación pueden ser sancionados. Subrayó que estas prácticas ilegales se consideran como delito grave, lo que significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. "No todos saben que se está llevando a cabo esta reforma y estas prácticas se consideran delito grave y significa en caso de ser responsable ir a la cárcel sin derecho a fianza. Es defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo informar a todos los mexicanos", señaló. López Obrador dijo que es necesario hablar más con los empresarios que fueron "engañados", los cuales, se han acercado para regularizar su situación o han devuelto dinero.   Forma STPS grupo contra subcontratación La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que se formó un grupo de trabajo que atenderá la problemática de subcontratación ilegal y "abusiva", el cual estará integrado por la STPS, IMSS, SAT, Infonavit, UIF, Hacienda y Procuraduría Federal de la Federación. Indicó que el grupo interinstitucional combatirá delitos como defraudación fiscal a trabajadores, lavado de dinero y fraude a los institutos del Gobierno federal. "En este grupo interinstitucional estamos colaborando con acciones conjuntas compartiendo información", señaló Alcalde en conferencia.

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Con información de Reforma

Foto: Presidencia de la República