CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va de esta administración, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Fiscalía General de la República (FGR), han detenido a defraudadores que han afectado al fisco por unos 800 millones de pesos. El titular de la PFF, Carlos Romero Aranda, informó que, como resultado de estas acciones conjuntas, en promedio, cada tres días se aprehende a un defraudador fiscal con un monto de 11 millones de pesos, por lo que del 1 de diciembre a la fecha suman casi 800 millones de pesos. Entrevistado durante el Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson Reuters, dijo que las autoridades ya ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de estos defraudadores, quienes ya están en la cárcel. En su intervención, señaló que la compra y venta de facturas falsas se ha convertido en “deporte nacional”, por lo que en el Senado de la República se impulsan reformas legales para equiparar el delito de defraudación fiscal como delincuencia organizada. “Vamos por los malos” dijo al aclarar que las empresas formalmente constituidas no deben tener miedo por esta reforma, ni hacer caso a grupos o seudofiscalistas que se oponen a estas modificaciones, y quienes en realidad son defraudadores y representan una competencia desleal para empresas o contadores que operan legalmente. El procurador Fiscal afirmó que hay que “estar de lado de la luz” y combatir la emisión de facturas falsas que amparan operaciones simuladas, como busca esta reforma para considerar la defraudación fiscal como delito grave. Apuntó que la PFF, que depende de la Secretaría de Hacienda, trabaja con el Senado para que esta reforma legal se apruebe y dictamine en comisiones, con el fin de subirla al pleno en el periodo ordinario que inicia en septiembre próximo para que después pase a la Cámara de Diputados. Hay ciertos comentarios de que cualquier empresario podría caer en delincuencia organizada y eso es una mentira”, afirmó Romero Aranda al subrayar que las empresas que están dentro de la ley y cumplen debidamente sus obligaciones no tienen que preocuparse por esta modificación legal.

No hay que olvidar cómo operan estas empresas factureras que son un conjunto de tres o más personas que en forma constante y permanente llevan a cabo actividades ilícitas y cuyo fin es evadir al fisco federal”, puntualizó.

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