A través de un comunicado, Jesús Luévano Rivera, presidente de la Asociación Civil de Pensionados y Jubilados del estado de San Luis Potosí, exhibió al diputado Edgardo Hernández Contreras del Partido Verde Ecologista de México de haber contratado la prestación de servicios de seguridad privada a la empresa Gabriel Alan Salazar Soto y/o Scoltta Seguridad Privada. Salazar Soto, o “El Gabo”, es un empresario señalado de cometer presunto fraude a través del corporativo Grupo Infinite.  El diputado del Partido Verde, Edgardo Hernández, tuvo en sus manos la autorización inicial, la acreditación y evaluación para la prestación de servicios de seguridad privada a la empresa en mención, cuya vigencia de su Licencia de Autorización Inicial es del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2021.  Dicha autorización con el Folio 021/17, fue firmada por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, General Arturo Gutiérrez García.  “Resulta bastante extraño que el diputado Edgardo Hernández Contreras guarde silencio ante este caso que a todas luces se trata de algo similar a lo que él públicamente ha denunciado que ocurre en otras dependencias del Gobierno del Estado, y por lo que ha pedido la intervención de auditorías, e incluso ha exigido la renuncia de funcionarios”, suscribe. Por ello, exigió que el diputado responda y transparente los señalamientos, toda vez que cuestionó que al desempeñarse en un área dentro de la Secretaría de Seguridad no identificó o no advirtió del riesgo que implicaba Gabriel Alan Salazar Soto. Advierte que se trata de una omisión por parte de Hernández Contreras, toda vez que Scoltta entró en funcionamiento y algunas dependencias del Gobierno del Estado, contrataron los servicios de seguridad privada sin imaginar que se trataba de la empresa de un defraudador, como hoy en día lo sostiene el mismo diputado.