Autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, ampliación de las facultades de los Órganos Internos de Control, adición en el Código Penal de los delitos de Defraudación Fiscal, contra el Ambiente y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos, son algunas de las modificaciones aprobadas por los diputados de la LXII Legislatura a 17 leyes y la Constitución Política de la entidad para combatir la corrupción. En este sentido, se permite la remoción de los integrantes del Comité de Participación Social por falta de probidad e indebido cumplimiento en el desempeño; se crea el Comité de Participación Ciudadana, cargos que serán honoríficos y durarán dos años; se establece la obligación de los integrantes del Comité de Participación Social para informar al Poder Legislativo anualmente respecto a sus actividades. Se establecen los principios de: rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la Ley de compras; en casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los Órganos Internos de Control el acceso al Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales; se agrega el concepto de investigación de mercado para establecer precios máximos y mínimos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios y deberá documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente. Aunado a ello, se evita la discrecionalidad y se impide que en la adquisición o arrendamiento de marcas determinadas; se faculta a la Secretaría de Hacienda Pública para que analice y genere reportes financieros de las entidades estatales para combatir recursos de procedencia ilícita; se modifican requisitos para ser titular de la procuraduría de Desarrollo Urbano; finalmente se actualizan las facultades a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Cabe destacar que la presente reforma se da bajo el esquema del Parlamento Abierto, en el que expertos locales y nacionales, actores políticos y sociales participaron en mesas de trabajo bajo la premisa de señalar la corrupción como un “acto de alto riesgo y bajo rendimiento”.