La existencia de una partida de gestoría institucional en el Congreso del Estado, a la que tienen acceso diputados locales para entregar apoyos a sociales a ciudadanos, no es más que un mecanismo para beneficiar la imagen de los legisladores, haciendo uso de recursos públicos y de esa forma comprando votos para futuras elecciones, consideró Jorge Chessal Palau, analista jurídico, en entrevista para Noticias de la Noche.  Mencionó que los diputados no tendrían por qué recibir dinero y entregar apoyos sociales a los ciudadanos, en todo caso si se trata de una partida de gestoría institucional, debería ser el Congreso, a través de una de sus dependencias, como Oficialía Mayor, el que entregue de manera institucional estos apoyos y no los legisladores, como actualmente ocurre, además consideró que esta labor toca a dependencias de Gobierno del Estado de carácter asistenciales, como el DIF.  Explicó que las funciones del Poder Legislativo siempre han sido hacer leyes, vigilar la actuación de la Auditoría Superior del Estado, aprobar presupuestos y hacer algunos nombramientos, sin embargo de un tiempo para acá comenzó a verse en las Leyes Orgánicas una nueva facultad, consistente en la gestoría, que no es más que un mecanismo clientelar a favor de los diputados.  Consideró que lo peor de esta historia es que ya se ha documentado que algunos diputados locales han incurrido en la comisión de delitos, como la falsificación de documentos y compra de facturas, para comprobar sus gastos de gestoría institucional, lo cual deriva también en otros delitos como el desvío de recursos y la asociación delictuosa.