El Congreso del Estado no podría iniciar investigaciones contra aquellos quienes formaron parte de la “nómina secreta” de la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante la gestión de José de Jesús Martínez Loredo, sino solo del entonces titular, pero hasta una vez concluido el proceso judicial o administrativo, señaló Héctor Mendizábal Pérez, presidente de la Comisión de Vigilancia. Indicó que la facultad del Congreso sólo es darle seguimiento a las investigaciones que realiza la Contraloría Interna del organismo y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). “Nosotros lo que hemos hecho es darle seguimiento”, señaló Mendizábal Pérez, quien agregó que ya se ha mandado citar a la contralora interna de la ASE para que informe con respecto al proceso de investigación, y por su parte, la encargada de despacho del mismo organismo ya ha presentado una denuncia ante la PGJE. Dijo que la inhabilitación sería una de las sanciones administrativas que el Congreso pudiera establecer. “Si se determina que son funcionarios a los cuales somos competentes, cuando son funcionarios de elección popular, el Congreso puede inhabilitar, pero si son sanciones administrativas o incluso penales, deben dirigirse al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y a la Procuraduría”. Por otra parte, el legislador panista también refirió que sería el ex titular de este órgano quien estaría sujeto a un procedimiento por parte del Congreso del Estado, pero sería hasta una vez concluido o habiendo una resolución penal o administrativa. El abogado Jorge Chessal Palau, por su parte dijo que la Comisión de Vigilancia sí tiene facultades para iniciar un proceso de investigación, en torno a la nómina secreta e imponer sanciones administrativas, dado que es el Congreso del Estado y específicamente dicha comisión, la que nombra al titular de la ASE.