El Congreso del Estado analiza la posibilidad de aplazar un mes el inicio del proceso electoral 2020-2021 en San Luis Potosí, con la finalidad de tener 30 días más para poder sacar adelante la Reforma Político-Electoral; sin embargo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) ve con malos ojos esta posibilidad, dado que vendría a complicar la organización de los comicios. La Comisión de Puntos Constitucionales del Poder Legislativo analiza una iniciativa del diputado Rolando Hervert Lara que propone aplazar un mes el inicio del proceso electoral, el cual está fechado para el 1° de septiembre, es decir que de aprobarse se arrancaría hasta el 30 de septiembre. Este cambio le daría al Congreso del Estado la posibilidad de ampliar su periodo para emitir la Reforma Político-Electoral hasta el 1° de julio; actualmente el plazo es hasta el 31 de mayo. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Paola Arreola Nieto, dijo que el dictamen de esta iniciativa estaría apoyado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que, en su artículo 67, señala que “Los consejos locales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección ordinaria”. El promovente de la iniciativa Rolando Hervert ha planteado la posibilidad de que se aplace incluso por dos meses el inicio del proceso electoral, sin embargo, Paola Arreola dijo que esto no será posible dado que se estaría rebasando el plazo que marca la LGIPE, por lo que solo se concedería un mes más de plazo. La vicepresidenta de la Comisión de la Reforma Político-Electora, Sonia Mendoza Díaz, dijo que esta propuesta busca darle mayor tiempo al Congreso del Estado para aprobar la reforma ya que, debido a la contingencia sanitaria del Covid, no se ha podido llevar a cabo la consulta indígena que marca la Ley Electoral por lo que, aunque hay tiempo para sacar una reforma antes del 31 de mayo, sería ilegal hacerlo sin antes efectuar la consulta indígena y esto daría pie a que se promovieran amparos. La presidenta del Ceepac, Laura Elena Fonseca Leal, consideró que “no sería muy recomendable” aplazar el inicio del proceso electoral, dado que se estaría recortando el tiempo que tiene este organismo para organizar las elecciones, cuya jornada se efectuará el 6 de junio de 2021 y ello complicaría actividades que tienen que comenzar a realizar desde septiembre. “Si un mes nos complicaría terriblemente las cosas, dos meses serían fatales porque tenemos que hacer actividades fuera de proceso, porque tenemos que firmar en el mes de agosto un convenio con el Instituto Nacional Electoral donde ya vayan las fechas prestablecidas para todas las actividades... un mes nos apretarían, tendríamos que hacer actividades fuera de proceso, pero todavía sería algo manejable, dos meses definitivamente no, nos dejaría en una situación muy, muy compleja”. REFORMA ELECTORAL NO ES NECESARIA

El analista jurídico Jorge Chessal Palau coincidió con que, el recortar el proceso electoral, comprometerá la organización de actividades como la conformación de comisiones distritales y comités municipales e incluso la integración de casillas, por lo que opinó que la mejor decisión sería dejar las fechas como están y efectuar las elecciones con la Ley Electoral vigente, que fue la que se aplicó en las elecciones de 2018. “Salvo que (los diputados) hayan tenido una brillante idea que pueda revolucionar el universo electoral en México o en el estado, a mí me parece que no necesariamente habría que hacer una reforma en este momento, no veo yo qué es eso tan especial que pudiera llevarlos a querer mover el calendario electoral para poderle dar salida a alguna idea que traigan por ahí”. El hecho de que los diputados aplacen el inicio del proceso electoral y, con ello, tengan hasta el 1° de julio para emitir la Reforma Político-Electoral, no garantiza que dicha reforma vaya a estar lista para esa fecha, dado que hay que tomar en cuenta que el término de la cuarentena del Covid-19 está proyectado para el 30 de mayo, por lo que los diputados tendrían solo un mes para organizar, efectuar y procesar la consulta indígena que se requiere para poder emitir esta reforma.