En caso de que la idea de restringir las motocicletas solo al conductor se convirtiera en una propuesta de mecanismo de prevención del delito, se violarían derechos y principios fundamentales, incluso una medida de este tipo caería en un acto discriminatorio, sostuvo Angelina Acosta experta en temas legales en su participación en WFM 100.1. Recalcó que el análisis surge de la idea planteada por Federico Garza Herrera, procurador del Estado de restringir el uso de motocicletas al conductor y que deriva del incremento de delitos de alto impacto cometidos en uso de estos vehículos motorizados. Enfatizó además que a la fecha no existe iniciativa alguna o propuesta ante alguna autoridad. Agregó que se entendería como justificación de este comentario el que a través de la restricción se pudiera inhibir los delitos sin embargo sería violatorio de los principios de: presunción de inocencia, pues se vería en cada comprador de una moto a un potencial delincuente; la libertad de tránsito, ya que no puede restringirse al tipo de vehículos y finalmente el derecho de propiedad, ya que se estigmatizaría este tipo de delitos al considerarlos en la comisión de delitos. Apuntó que es cierto que el uso de motocicletas en la comisión de delitos de alto impacto ha aumentado, sin embargo comentó que ninguna de las personas que ha sido detenida cometiendo delito en motocicletas son dueñas del vehículo lo que también hace cuestionarse el nivel de impunidad que existe en el robo de motocicletas. “En el último año el robo de este tipo de vehículos ha aumentado en un 50 por ciento y su recuperación es prácticamente nulo”. Agregó que actualmente las motocicletas permiten la movilidad y las que se emplean en ilícitos son vehículos de bajo costo que están al alcance de sectores de la población vulnerables para usarlos como medio de transporte familiar o para ir al trabajo. Indicó que cuando un mecanismo de prevención del delito contempla una restricción de derechos tiene que ser efectiva y en esta sugerencia los factores implicados podrían generar más conflictos que soluciones. Apuntó que una posibilidad para inhibir el uso de motocicletas en la comisión de delitos, se debe de contemplar que no hay una mesa, en el Ministerio Público, especializada en el robo de motocicletas, también expuso que no hay una reglamentación puntual en cuanto a medidas de tránsito que normen el uso y circulación de motocicletas y tampoco hay una cultura vial del uso de estos vehículos. Explicó que aunque la seguridad es un tema que compete a la administración Estatal, la regulación de estos vehículos le compete a la autoridad municipal, sin embargo podría haber sugerencias. Finalmente indicó que restringir este tipo de derechos sería discriminatorio al implicar a un sector específico de la población.