Casi 600 empresas han sacado sus sedes sociales de Cataluña en poco más de una semana, según datos oficiales de los Colegios de Registradores de las cuatro provincias catalanas. Las empresas huyen para protegerse de la inseguridad política ante una posible declaración de independencia unilateral. La mayoría de estas compañías anunciaron su decisión en comunicados oficiales en los que aseguraban que es “un movimiento estratégico” para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados. Para el gobierno español esta situación es “de máxima gravedad”. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que “la Generalitat está llevando a Cataluña a una recesión económica”, y lo que pasa en esta región “pone en riesgo la recuperación económica” española. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, secundó el discurso de la vicepresidenta y aseguró que la crisis social y política que se vive en Cataluña “no saldrá gratis”, y que de hecho ya “está afectando” al crecimiento económico de España. GRUPO BIMBO   El miedo a los posibles efectos y a la inseguridad derivada de una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña ya provocó que Bimbo anunciara que se va de Barcelona. El gigante de la panificación, de capital mexicano mayoritario, cambiará su sede social al parque empresarial Las Mercedes, en Madrid, “con el fin de mantener la seguridad jurídica necesaria para poder seguir trabajando con normalidad”, según se lee en un comunicado. La compañía, líder mundial en su ramo, que produce y comercializa sus productos en 24 países de cuatro continentes, puntualiza que sale de Barcelona para dar tranquilidad a sus accionistas y trabajadores y que continuará operando a través de sus oficinas y centros de producción de España, que dan trabajo a unas seis mil personas. HUIDA MASIVA   El caso de Grupo Bimbo se une al amplio grupo de empresas que abandona Cataluña ante el clima de inestabilidad política y por una situación social muy compleja. Seis de las siete grandes compañías catalanas que cotizaban en el índice de la de Bolsa española (Ibex35) se han llevado sus sedes sociales a otras regiones. Son los dos grandes bancos catalanes, Caixabank y Sabadell; así como otras grandes empresas con sede tradicional en Cataluña como Gas Natural, Abertis, Cellnex y Colonial. Ademas, otras seis grandes empresas del mercado bursátil español también se van: Applus, Catalana Occidente, Dogi, eDreams, Oryzon y Service Point. Además, por si todo lo anterior fuera poco, Cataluña ha perdido también la sede del gigante editorial Grupo Planeta, la séptima empresa editorial del mundo y la primera en español, que traslada la sede social a Madrid aunque, de momento y a la espera de acontecimientos, sus miles de trabajadores seguirán en Barcelona. CRISIS “SIN PALIATIVOS”   La situación es delicada y por eso la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, entró en el debate en nombre de la economía global. En conversaciones con un medio francés, se mostró preocupada por la evolución del proceso político en Cataluña y pidió acabar con “la incertidumbre política” ya que, añadió, “la incertidumbre nunca ha sido propicia para la estabilidad financiera, el crecimiento y la inversión”. Para Josep Bou, presidente de la Asociación Empresarios de Catalunya, la lectura de la situación es muy clara: “Los nacionalistas catalanes están llevando a esta región a una crisis económica sin paliativos”. Este dirigente empresarial, que calcula que entre cuatro y ocho empresas se van de Cataluña cada día, aseguró que “el empleo quedará muy afectado”. Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona (UB), se pregunta de forma retórica: “Si no hay estabilidad política, ¿quién va a invertir en Cataluña?”. Este maestro universitario, habitual en las tertulias de diversas radios y televisoras españolas, expresó también su gran “preocupación” por lo que está sucediendo y por las inminentes afectaciones a la economía. PUIGDEMONT DEBE RESPONDER HOY   El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, preparaba ayer su respuesta al gran dilema: proclamar abiertamente la independencia hoy y empujar al Estado español a suspender la autonomía de la región, o retroceder y encolerizar a los secesionistas. El mandatario independentista tenía hasta hoy para decirle al gobierno central de Mariano Rajoy si declaró o no la independencia de Cataluña en una sesión celebrada el pasado martes en el Parlamento regional. Si contesta afirmativamente, Rajoy responderá aplicando el artículo 155 de la Constitución. Una medida drástica y de consecuencias imprevisibles, que le permitirá intervenir las amplias competencias del gobierno catalán, como la salud, la educación o la policía regional. Puigdemont no quiso desvelar aún su respuesta, al participar ayer en un homenaje a Lluís Companys, presidente catalán que en 1934 proclamó una independencia que duró diez horas. Seis años más tarde, un 15 de octubre, fue fusilado en Barcelona por la dictadura franquista (1939-1975). Puigdemont está bajo una gran presión, tanto política como económica, diplomática y judicial. En su campaña por el referéndum, prohibido por la justicia por inconstitucional, los independentistas aseguraron que las empresas no se marcharían de Cataluña y que, ante “los hechos consumados”, la comunidad internacional los apoyaría. Sin embargo, casi 600 empresas han anunciado el traslado de sus sedes. A nivel internacional, los más altos dirigentes de la Unión Europea (UE) también se pronunciaron contra una secesión unilateral, al igual que países latinoamericanos como México, Colombia y Chile. A eso se suma la investigación de la justicia al gobierno catalán, incluido Puigdemont, por presuntos delitos como el de “desobediencia”.   -- EXCELSIOR