Hace unos días se reveló una investigación ciudadana que dejó en evidencia el uso de una red de empresas fantasmas recurrentemente usadas por diputados, algunas dependencias de gobierno y ayuntamientos.

¿Pero sabe usted porque se les dice así? A las empresas fantasma se les denomina de esta forma porque no se dedican precisamente a realizar operaciones comerciales, lo que significa que no aparecerán en ningún directorio comercial, no tienen venta al público ni cuentan con inventarios. Son «empresas» o personas físicas que no poseen ningún tipo de activo real ni tampoco ejecutan operaciones comerciales reales. Aunque están legalmente constituidas son creadas con el único objetivo de facilitar la evasión fiscal y la corrupción.

En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas como se hacía antes, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios. Las operaciones que realizan son inexistentes, siendo esta la razón por la que se les considera 'fantasma'. 

Se les denomina también empresas pantalla debido a la privacidad que ofrecen. la confidencialidad en las operaciones comerciales que realizan y muchas veces son ofrecidas en un catálogo por empresas de Otusourcing que presentan un amplia variedad de facturación y en el sector público son creadas por políticos usando prestanombres. 

En ocasiones se pueden utilizar para actividades ilegales ya que tienen la capacidad de ocultar la verdadera propiedad de un activo unido a la falta de transparencia de las transacciones financieras, es lógico pensar que los individuos y las empresas abusen de los beneficios que les pueden reportar estas figuras jurídicas. El principal abuso que cometen este tipo de empresas es el lavado de dinero. Cuando se obtiene dinero de manera ilegal es necesario el uso de estos instrumentos intermedios para evitar que el origen de los fondos sea descubierto.

Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Sonora son algunas de las entidades en las que se levantaron investigaciones por esta práctica.  César Duarte, exgobernador de Chihuahua, es señalado por triangular recursos al Partido Revolucionario Institucional.  En Quintana Roo, Roberto Borge fue acusado de peculado, actualmente enfrenta un proceso legal por contratos fantasma con 26 empresas.  Guillermo Padrés, en Sonora, fue acusado por desviar recursos del Gobierno Estatal y transferirlos al extranjero.  En el caso de Veracruz, Javier Duarte hizo uso de 21 empresas constituidas durante su mandato. El grupo de firmas recibió contratos por 645 millones de pesos durante su Administración. Los diputados locales de San Luis Potosí usaron al menos 30 empresas para desviar recursos conocidos como “ayudas sociales”.  Actualmente el Sistema de Administración Tributario ( SAT ) tiene identificadas más de 6 mil 500 empresas que presuntamente realizan transacciones inexistentes y de forma inexplicable, muchas de estas a pesar de estar en las listas que emite el SAT son utilizadas por el Congreso, Ayuntamientos, Gobierno del Estado y hasta organismos autónomos.

Como se puede ver, esta es una práctica común que se replica bastante en el sector público, tal vez escudados en la impunidad que existe en nuestro país pero como la novedad que ya existen varios exgobernadores detenidos y otros en procesos penales por recurrir al desvío de recursos mediante el uso de empresas fantasmas.