Cada cinco minutos un niño muere en el mundo a consecuencia de un acto violento. Una de cada diez mujeres menores a 20 en México años han sido víctimas de abuso sexual en algún momento de sus vidas. En México, 63% de niñas, niños y adolescentes ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar. El informe mundial 2018 de UNICEF, Children in Danger, reveló que el abuso físico, sexual y emocional se ha incrementado en los últimos años, afectando a millones de niños en sus hogares, escuelas y comunidades. Tristemente, México no es la excepción. Para Nancy Ramírez Hernández, Directora de Incidencia Política de Save the Children, este número de asesinatos no es nada nuevo, “desde que el expresidente Felipe Calderón inició su ofensiva contra el crimen organizado empezamos a ver un mayor número de asesinatos de niñas y niños. El Estado mexicano ha fallado pues a la fecha no se tiene un sistema realmente fuerte que logre proteger y restituir los derechos cuando estos han sido violentados. A veces se cree que la violencia física y sexual es la que depreda a nuestra infancia, hay muchos otros tipos de violencia, y uno de los más utilizados es el que ejerce el Estado contra los niños y niñas en el ámbito de la educación. Permíteme detenerme en esa forma de violencia del Estado contra los menores, tan usual que ya no se repara en ello, y se refiere a las escuelas y la educación de las que el Estado es responsable constitucionalmente. En todo el país encontramos escuelas públicas en un estado lamentable, sin baños, con letrinas tapadas, sin techos, sin bancas, con maestros faltistas, sin pizarrones, escuelas vulneradas por la inseguridad, la violencia, la pobreza y la falta de respeto a los derechos humanos más elementales de niños y niñas. Tal cual es el caso de la escuela primaria José María Pino Suárez, localizada en San José del Barro, Soledad de Graciano Sánchez, el municipio más importante de San Luis Potosí, después de la capital del estado. En San Luis Potosí 40% de las escuelas tiene problemas de rezago y falta de infraestructura adecuada, el gobierno sólo ha podido “arreglar” seis de cada diez escuelas, según la Secretaría de Educación estatal. El dato es preocupante: de las 5,300 escuelas que hay en todo el del territorio potosino, hay descuidados 2,120 planteles escolares. Pues en la zona metropolitana de SLP hay una comunidad que se llama San José del Barro, y a pesar de que se encuentra cercana al centro histórico Soledad de Graciano Sánchez, la primaria José María Pino Suárez, es una escuela que tiene grandes rezagos en cuanto a su infraestructura física; tiene carencias enormes como es agua potable, drenaje, baños dignos, usan letrinas tapadas y fosa séptica, situación que pone en riesgo la integridad física de los niños y niñas. La realidad es que muchos niños desertan de la escuela porque es de difícil acceso, además de que los maestros no asisten. Hay aproximadamente 70 alumnos y la escuela está totalmente ignorada por directivos y funcionarios del sector. RENACE Capítulo San Luis Potosí promovió un amparo en contra de las condiciones en las que se encuentra la escuela, fue admitido por la juez octavo de distrito de San Luis Potosí, ordenó a las autoridades educativas realizar un estudio técnico para constatar las condiciones de la primaria José María Pino Suárez y corroborar que las instalaciones que se señalaron como inaceptables para un menor de edad, no representen un riesgo para la integridad física y que la estructura del aula no tenga alguna condición que pueda provocar afectaciones o riesgos a su salud. Ahora lo que hay es un amparo provisional, pero la suspensión definitiva se podría estar otorgando este martes 21 de mayo, sin embargo la primaria José María Pino Suárez cerró sus instalaciones para evadir la diligencia de inspección, ordenada por la juez con motivo de la demanda de amparo que se interpuso para tener una escuela digna. La trampa pone en evidencia la legitimidad de la causa. ¿Se vale cerrar una escuela y privar a las niñas y niños de clases para evitar que la autoridad judicial inspeccione las pésimas y desastrosas condiciones en las que se encuentra una primaria? La SEGE y las mismas autoridades cierran las puertas de la primaria, pero también cierran los ojos a una realidad que podría ayudar a resolver el problema de cientos de escuelas porque al realizar la inspección, y en caso de que las condiciones materiales del inmueble no garanticen la seguridad, salud e integridad de los menores, las autoridades deberán, bajo su más estricta responsabilidad, acondicionar otro lugar seguro y, con los elementos necesarios para hacer efectivo su derecho a la educación, o en su defecto, a la brevedad está obligada la autoridad a realizar las gestiones y adecuaciones necesarias para que se cumpla con esas condiciones mínimas, ha señalado el presidente del Patronato de Renace, el abogado José Mario de la Garza. El mismo De la Garza ha sostenido que el amparo RENACE es una llamada de atención para todos, para alzar la voz. Está convencido que si los ciudadanos cambiamos una escuela, entonces estaremos cambiando mucho más de nuestro entorno. Por lo pronto más de 95 mil personas han firmado la petición de @RenaceSanLuis en la plataforma ‪@Change_Mex, para exigir a las autoridades educativas una escuela digna para niñas y niños potosinos. Y tú ¿quieres participar? @Pfloresblavier