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(AUDIO) Diputados nombraron fiscal hace 1 mes, pero no hay Ley Orgánica para que comience a operar
15:47 lunes 26 febrero, 2018
San Luis
San Luis Potosí, México (26 febrero 2018).- Luego de que ha transcurrido un mes desde que fue electo Jorge Alejandro Vera Noyola como Fiscal Anticorrupción en San Luis Potosí, dicha fiscalía aún se encuentra “muerta”, debido a que no hay una Ley Orgánica para su operación y por tanto no se está actuando en torno a temas importantes de corrupción que se han destapado en la entidad, declaró Oswaldo Ríos Medrano, analista político, en entrevista para WFM 100.1. El experto cuestionó el por qué los diputados locales nombraron a un Fiscal General, a un Fiscal Anticorrupción y a un Fiscal de Delitos Electorales, si ni siquiera existía una Ley Orgánica para la operación de esta fiscalía, lo cual solo genera que estos funcionarios estén cobrando un sueldo sin realizar sus actividades, dado que no cuentan con un marco normativo que los regule. Mencionó que en torno al escándalo de la “ecuación corrupta” y la limpieza de cuentas públicas que se hacía desde la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso del Estado, lo único que queda es resignarse, dado que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solo ha dejado transcurrir el tiempo para que se tranquilizara la situación y no se sancionara a los diputados implicados, encabezados por Enrique Flores Flores, mismos que incluso han actuado para nombrar puestos como los propios fiscales, la Auditora Superior y próximamente al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la ASE. Dijo que el Sistema Estatal Anticorrupción estará fracasando, toda vez que no se le otorgó un verdadero poder al Comité de Participación Ciudadana, para que fuera un verdadero contrapeso en el combate a la corrupción y se pusieron a funcionarios “cómplices” en puestos claves de este sistema. Lamentó también que la discusión entre los aspirantes a la Presidencia de la República es ha enfrascado en una dinámica de ver quién de ellos es el más corrupto, con el fin de descalificarlo de la contienda, lo que es un claro ejemplo de que el combate a la corrupción se ha convertido en una bandera política y no en un tema de Estado, que lleve a crear políticas públicas eficientes para lograrlo.