En entrevista exclusiva para Globalmedia en el espacio informativo de Érika Salgado en WFM 100.1, la alcaldesa de Villa de Reyes, Érika Briones denunció el auténtico calvario que se ha convertido su municipio luego del desfalco que dejó su antecesor Juan Gabriel Solís Ávalos. Acusó que se encontraron autorizaciones de permisos de construcción, licencias de funcionamiento, sumas significativas para proyectos sin los procedimientos administrativos, presupuestos asignados para hacer uso de recursos públicos, aviadores y sueldos excesivamente inflados.

Junto a Guadalupe González, Vocero de Ciudadanos Observando y Hugo Stevens Amaro, del Frente Ciudadano Anticorrupción, sostuvo que se han recibido varias quejas por parte de las nuevas empresas transnacionales que llegaron a instalarse a Villa de Reyes de haber sufrido los abusos del exalcalde Juan Gabriel Solís quien les condicionaba que para poder otorgar permisos, las empresas tenían que contratar los servicios para infraestructura que les ofrecía su propia constructora y en caso de negarse se les rechazaba la solicitud de permiso de construcción. Agregó que ni siquiera existen los documentos de la instalación de casi el 80 por ciento de las empresas extranjeras que ahora trabajan en Villa de Reyes. 

Ante ello los activistas sociales coincidieron con la alcaldesa de que Villa de Reyes se ha convertido en un foco rojo de irregularidades  donde además al interior del ayuntamiento se encontró que estaban en la nómina unos 150 aviadores que erogaban cerca de 400 mil pesos mensuales y que iban a parar directamente a la bolsa del excalde, también se tuvo conocimiento de una caja chica por 7 millones de pesos que nunca se especificó a quienes se les daban presuntas gestiones de apoyos de recursos. 

Además se tiene el conocimiento de que se desvalijaron la mayoría de los vehículos del ayuntamiento, aunado al sobrecosto en la compra de otros vehículos y equipo de la presidencia municipal. Y lo más grave del caso es que se tiene el estimado de que casi 65 millones de pesos se dejaron de ingresar al ayuntamiento de Villa de Reyes y muy posiblemente fueron a parar al control del exalcalde Solís Ávalos, pues según sostuvo Érika Briones hay un enriquecimiento ilícito que ha hecho evidente el propio ezalcalde.  

“Eso es una señal muy clara de que se presta a malos manejos al interior de la administración. Estaban acostumbrados a trabajar todo en lo oscurito los recursos bajo la mesa. Hemos visto el enriquecimiento ilícito del exalcalde, el montón de propiedades que tiene… gasolineras, terrenos en la Zona Industrial entre otros muchos beneficios que ha tenido él y su familia a costa del trabajo de tres años que hicieron pésimo y dejaron en el atraso a Villa de Reyes”.

En este sentido Guadalupe González, sentenció que todo esto es parte de una red en la cual está involucrada mucha gente y solamente mediante las denuncias ciudadanas y la presión a las autoridades se tendrá una verdadera sanción para que esto no quede impune, dijo. 

No obstante la alcaldesa Briones Pérez apuntó que solamente se tiene el acompañamiento por ahora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) pero indicó que espera se den sanciones contundentes por estas irregularidades y  no solamente se quede en el acompañamiento de la ASE, sino que se castigue a los responsables, culminó.   No obstante la alcaldesa Briones Pérez apuntó que ya se tiene el conocimiento en las investigaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual encontró según un documento oficial, la suma de un total de 5 millones 600 mil pesos como el total del daño causado a Villa de Reyes, tan solo en la Cuenta Pública 2017. Según el documento las observaciones registraron daños graves en los recursos tanto del Ramo 28 como del Ramo 33. En el documento se especifica que del Ramo 33, la Coordinación de Fiscalización Municipal registró ingresos de recursos federales observados por más de 3 millones 339 mil 289 pesos, que en su mayoría fueron pagados pero que no fueron ejecutados. Lo mismo se replicó en los recursos del Ramo 28 que con un monto de 553 mil 609 pesos no fueron justificados tanto para el pago por concepto del ejercicio 2017 de la Oficial del Registro Civil, al no reunir el perfil requerido según el documento e incluso de ese monto, 151 mil 080 pesos no se justificaron por concepto de gastos médicos para un chofer de nombre Javier Torres Sánchez. Y más de 2 millones de pesos aparecen como pagados y no ejecutados según la ASE, por diversos criterios como la no aplicación de penas convencionales, volúmenes pagados en excesos y faltantes de documentación técnica.