El pasado 30 de agosto, organizaciones de la sociedad civil, exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto, destinar fondos extraordinarios para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que por segunda ocasión, sólo se le presupuestaron recursos hasta octubre, lo que pone en riesgo a 702 personas inscritas en él. Y es que alrededor de 20 organizaciones nacionales, así como Brigadas Internacionales de Paz,  y Amnistía Internacional que conforman el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), manifiestan que: -“La amenaza de retirar medidas de protección a las actuales personas beneficiarias constituye una forma de vulneración directa a su integridad y seguridad personales por parte del gobierno federal”. A través de un comunicado, consideraron que la falta de respaldo al Mecanismo, “coloca a México como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo”, además de que “demuestra la falta de compromiso para integrar una política integral sobre el derecho a defender los derechos humanos, incluyendo un enfoque más preventivo y estructural”. Con su posicionamiento, el Espacio OSC se sumó a las alertas sobre los riesgos que corren los beneficiarios del Mecanismo, divulgadas recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficinal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Las organizaciones firmantes recordaron que el año pasado el gobierno federal reaccionó hasta que se registró “la ola de asesinatos de cinco periodistas entre los que estaban Cecilio Pineda -quien era beneficiario del Mecanismo-, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Pineda y Javier Valdez, así como el asesinato de 22 personas defensoras y ocho desapariciones”, que Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se comprometieron a llevar a cabo algunas acciones para “prevenir, investigar y sancionar” las agresiones. Además, aseguraron que, en ese contexto, Peña Nieto declaró que se fortalecerían “la estructura y el presupuesto” asignado al Mecanismo, y que lucharía “hasta el último día” de su mandato para garantizar “el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”. Enfatizaron que nada de lo dicho por el presidente saliente se cumplió y que, por el contrario, dejó “en una situación crítica de vulnerabilidad al número cada vez más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que acuden al Estado para garantizar su vida, libertad y seguridad”. Destacaron que el Mecanismo, notificó la insuficiencia de recursos en el fideicomiso del “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, presupuesto que podría agotarse en las próximas semanas, “generando un incumplimiento en la implementación de medidas de personas que actualmente son beneficiarias, así como impidiendo que nuevas personas en riesgo fueran protegidas adecuadamente”. Alegan que el Fondo “no financia todas las medidas de protección”, sólo aquellas “destinadas a personas defensoras y periodistas que, de acuerdo al análisis de riesgo, mantienen un mayor nivel de riesgo por lo que requieren medidas más drásticas”. Ante la falta de fondos, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil, exigió al gobierno de Peña Nieto atender de forma inmediata las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como las de los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la ONU, Edison Lanza y David Kaye, respectivamente; del relator especial sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst; y la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, ambas de la ONU; así como las mismas observaciones planteadas por el Espacio OSC a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Mecanismo de Protección, para que se dotara de suficientes recursos a dicho instrumento de Estado. Al puntualizar que la amenaza de que se retiren las medidas de protección a los beneficiarios del Mecanismo es “una forma de vulneración directa a su integridad y seguridad personales por parte del gobierno federal”, las organizaciones que integran el Espacio OSC coincidieron en que esta situación refleja “el desdén hacia la protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos que caracteriza a la presente administración, y en particular, a la poca importancia que se ha brindado a las poblaciones en riesgo”. Entre las organizaciones que integran el Espacio OSC están Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Casa de los Derechos de los Periodistas, Casa del Migrante Saltillo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social, Servicios y Asesoría para la Paz, y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras.

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