El año pasado significó una discusión constante – aunque en ocasiones sin la profundidad necesaria – de los cambios que necesitamos para hacer realidad la transformación educativa, el discurso del gobierno federal logró impregnar un aroma esperanzador en la sociedad que le permitió un transitar con ciertos contratiempos en diversos frentes su plan sexenal. 

Sin duda, los cambios en la ley son importantes, pero lo realmente trascendente se tendrá que aterrizar en cada una de las comunidades escolares, con la coordinación de los gobiernos estatales, la (bien) llamada “Nueva Escuela Mexicana”.

En este año se tienen que avanzar en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de Estrategias Nacionales de Primera Infancia, Inclusión Educativa y Fortalecimiento de Escuelas Normales. El acceso público al documento en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados no es suficiente para que inicien los procesos que den vida a estas estrategias. Debemos pasar de las reuniones interminables a los consensos reales en materia financiera que den viabilidad a los buenos deseos plasmados en el ideario de la cuarta transformación. 

Otro punto de enfoque estará en las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en cuanto al tema de inconstitucionalidad de las leyes secundarias en materia educativa. Si bien, los cambios a la constitución se dieron dentro un marco de construcción de acuerdos con base a la pluralidad de actores, la reglamentación de la Ley General de educación, la Ley de Carrera de Maestros y la Ley de Mejor Educativa estuvieron envueltas en controversias sustanciales a nuestra Carta Magna. 

El más recordado tiene que ver con el otorgamiento de plazas automáticas a normalistas en un claro privilegio de preferencia por encima de desempeño, además de establecer atribuciones a representaciones sindicales que corresponden a la gestión de las autoridades educativas. Instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y colectivos de la sociedad civil han presentado acciones de inconstitucionalidad que como ésta deberán resolverse en los tribunales, lo cual indica que no todo esta dicho. 

Un gran tema serán la operatividad de los procesos de admisión a la Carrera de Maestros por parte de la coordinación de la Secretaría de Educación, las autoridades educativas locales y la Comisión para la Mejora de la Educación. Crear las condiciones necesarias para que los procesos presenten criterios de justicia laboral, empatía docente y transparencia no se vislumbra nada sencillo. 

Aquí será primordial estar atentos a dos vertientes: la primera en cómo se comportan las entidades federativas con respecto a la oferta y la demanda de espacios porque en algunas serán selecciones y en otras “pase automático”; o por ejemplo las convocatorias vacías que ofertan cero plazas y a medio ciclo escolar se acomodan los compromisos políticos y personales en plazas magisteriales. 

El segundo tiene que ver con el mecanismo de admisión, el cual no deberá limitarse a un examen de opción múltiple, ya que ante el texto del tercero constitucional debe abarcar un proceso integral que permita seleccionar a los mejores perfiles al magisterio. 

Para cerrar este círculo, debemos observar los eventos de entrega de nombramientos como realmente públicos, con las comisiones anticorrupción y la presencia de sociedad civil y que exista el menor indicio de “opinión” de la sección sindical a la lista de prelación que altere el orden de puntaje de los aspirantes. 

En terreno local, antes de que concluya el mes de mayo los Congresos estatales deben aprobar las leyes estatales de educación, armonizadas con el cambio constitucional de 2019. Sin duda, la tentación para subirse al carro de la cuarta transformación donde se obvian procesos y se desprecia la capacidad de los tomadores de decisión es abrumadora. 

Por ello, esperamos que tomen con seriedad y profesionalismo su rol en este período y puntualicen argumentos para focalizar los derechos de niñas y niños; asegurar los derechos profesionales de los docentes, creando el marco para asegurar la igualdad de condiciones en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento; asegurar la tutoría de un colega experto; incluir condiciones justas para los Asesores Técnico Pedagógicos; analizar y alejarse de la soberbia centralista y mantener los institutos de evaluación y de infraestructura; reglamentar la participación de las familias y de los niños y jóvenes, omitida en las leyes secundarias, así como asumir su compromiso con la inclusión en términos más amplios que solo grupos vulnerables. 

Este año, trae consigo grandes retos para las personas en las instituciones, pero ¿qué nos corresponde como ciudadanos? En primea instancia informarnos y acompañar estos procesos nos permitirá participar más y de mejor manera en las decisiones de la nuestra comunidad. 

Este año que inicia, abre la oportunidad para que estemos más cerca de la escuela y nos permita comprender que la construimos juntos. Esa también es una expectativa que debemos compartir con quienes nos rodean… La escuela debe ser el espacio para transformar en oportunidades la vida de todos.

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* Normalista. Consultor. 

Director de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel

Facebook: Fhercho Cruz

Sembrando Horizontes A.C. (2018)

Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores. 

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