La Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein ha solicitado este martes que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos, en un comunicado en el que también ha pedido que siga en prisión por "riesgo de fuga", mientras se tramita la entrega a España. Ahora, la decisión última queda en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische que tiene un plazo de 60 días, prorrogables otros 30. En el caso de que la defensa presente recurso, el proceso se alargaría. Puigdemont, que se encuentra recluido en la cárcel de Neumünster, sufre así la primera gran derrota jurídica en territorio alemán. Según el comunicado de la fiscalía, la acusación de rebelión se sostiene en la celebración del referéndum contrario a la Constitución pese a que se podían esperar disturbios violentos. El ministerio público alemán considera que esta actuación tiene su correspondencia "en los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición". Pese a que los términos que utiliza la ley alemana y el Código Penal español sobre la alta traición y la rebelión no son exactos, la fiscalía considera que "no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes". Con respecto a las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción, dos delitos que fueron supuestamente cometidos por el exgobierno catalán para poder llevar a cabo el referéndum sececionista del 1 de octubre de 2017, la fiscalía considera que son comparables a la figura delictiva de malversación que contempla el código penal alemán, otro argumento legal que puede facilitar la extradición. Además, hace un relato de lo ocurrido en una reunión celebrada el 28 de septiembre con altos cargos de la policía autonómica, en la que se decidió la celebración del referéndum del 1 de octubre y señala que ya se había alertado a las fuerzas policiales, "a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre" por lo que, según la fiscalía, "se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum". Aun así, sostiene el comunicado, "el gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente, decidió dejar que se celebrara el referéndum". La fiscalía recoge cómo los costes se cifran en 1,6 millones de euros, según las autoridades españolas. "Este dinero se utilizó, entre otras cosas para la puesta en marcha de la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas". -- EL PAÍS