ESTADOS UNIDOS. El equipo defensor del extitular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó en acuerdo con los fiscales del Distrito Este de Nueva York una solicitud para no hacer de dominio público cierta información del caso. En una carta dirigida al juez de distrito, Brian M. Cogan, las partes han pedido restringir como “Material protegido” toda aquella información relacionada con declaraciones de informantes, datos que puedan llevar a la identificación de los testigos protegidos y detalles sobre investigaciones aún en curso. El documento con el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece que la información sólo estará disponible para consulta de Genaro García Luna, su equipo defensor, la corte de Nueva York y los fiscales a cargo del proceso en contra del exfuncionario mexicano. García Luna se mudó a Florida tras concluir su actividad al frente de la dependencia de seguridad pública en 2012 y fue detenido por la justicia a finales de 2019 en Dallas, Texas. Actualmente enfrenta tres cargos en su contra por conspiración para tráfico de cocaína y uno más por falsas declaraciones a las autoridades estadounidenses cuando mintió sobre su pasado delictuoso al solicitar la naturalización en Estados Unidos. Se le ha vinculado con el Cártel de Sinaloa y el capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades estadounidenses y los abogados de García Luna argumentan que la información del caso debe mantenerse de carácter privado con la finalidad de evitar poner en riesgo la vida de posibles testigos y no entorpecer el curso del juicio. La solicitud ante el juez Cogan implica que las partes no pueden compartir información por correo electrónico y, al concluir el juicio, las pruebas y declaraciones recabadas pasarán a convertirse en propiedad del gobierno de Estados Unidos. Estos documentos sólo podrán ser consultados para fines establecidos en el proceso posterior al juicio. El también extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, comenzó en días previos un proceso legal para recuperar sus cuentas bancarias que fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de EU, bajo el argumento de que no existe justificación constitucional para prohibirle el acceso a sus recursos en México. -- NOTIMEX / EXCÉLSIOR