El Senado se alista a desaparecer las llamadas salas anticorrupción creadas como parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero, al mismo tiempo agudiza el combate contra la corrupción ejercida por las empresas privadas, ya que se considerará sancionar incluso a los familiares hasta en cuarto grado de los dueños y socios de una empresa. Basada en una iniciativa presentada en 2018 por la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la reforma desaparece las cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas que estaban destinadas a resolver faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes. Las llamadas salas anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) jamás pudieron operar porque nunca hubo consenso de las fuerzas políticas para el nombramiento de los magistrados, y en 2018-2019, la mayoría de Morena en el Senado rechazó las propuestas que dejó el gobierno de Peña Nieto. Hasta el momento no se han integrado esas salas que tenían facultades para imponer sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades. Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios, dice la ley actualmente. La Comisión de Justicia del Senado, encabezada por el morenista Julio Menchaca, está citada hoy para procesar esta reforma que establece que estas facultades pasarán a la Tercera Sala del Tribunal, pero, además, intensifica los criterios para perseguir los actos de corrupción cometidos por particulares. “En estos casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública federal o a los entes públicos, federales, locales, municipales o al alcaldías, siempre que la persona moral obtenga un beneficio económico para sí, para sus socios, para las personas físicas que actúen en su nombre y representación, para los familiares hasta el cuarto grado de éstos o para cualquier tercero con quien tengan algún vínculo. “Y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia, de sus socios, directivos o representantes, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. En estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que sea definitiva”, dice el dictamen que hoy se discute. --

Con información de Excélsior / LETICIA ROBLES DE LA ROSA