El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentará una controversia constitucional en contra del padrón de celulares. Por medio de un comunicado, el IFT apuntó que en su presupuesto no hay recursos asignados para poner en marcha el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), “al ser este último una obligación reciente de gasto generada durante el ejercicio en marcha”.

Al no poder destinar recursos al padrón de celulares, el Pleno consideró que “no existe justificación para que el legislador determine que el IFT deba realizar las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener dicho Padrón, se hagan con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuente”. "Dicho mandato legislativo configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución, la cual establece que este Instituto es independiente en sus decisiones y funcionamiento, ejerce su presupuesto de forma autónoma y, con una suficiencia presupuestal que le permita el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias“, apuntó. El Pleno consideró además que el acto legislativo contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales. Apuntó que con la controversia constitucional se busca garantizar la autonomía presupuestal del IFT, así como un “ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y fines que constitucionalmente están encomendados a este Instituto, a través de los mecanismos previstos por nuestra Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás Órganos y Poderes de la Unión”. El padrón de celulares tiene como objetivo contener el número de línea de prepago, fecha y hora de activación, nombre completo, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y los datos biométricos de todos los usuarios en México. Los concesionarios podrán dejar sin servicio a quienes no proporcionen sus datos. Aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas. Con información de López-Dóriga Digital